Los datos del Barómetro Externo de la Abogacía 2015, presentado la semana pasada reflejan que el 53 % de los ciudadanos considera que la Administración de Justicia funciona mal y el 80 % que no está bien organizada. Son datos que deben llevarnos a una profunda reflexión y revelan una realidad a la que los profesionales del Derecho nos enfrentamos a diario en Santiago. En su condición de capital administrativa de Galicia, Compostela asume una desproporcionada carga de trabajo en sus juzgados, lo que pone en riesgo el objetivo de una Justicia eficaz que nuestra sociedad debería tener entre sus prioridades.
La situación es muy preocupante en los juzgados de lo Social, con retrasos de más de tres años en juicios sobre cuestiones de capital importancia para los derechos de los ciudadanos, como el reconocimiento de una invalidez. Este inaceptable colapso no se limita a la jurisdicción social, ya que, por ejemplo, el juzgado de Familia atiende el doble de asuntos de los que debería tramitar. El Colegio de Abogados agradece el apoyo a sus demandas de todos los grupos políticos con representación en el Concello, alcanzar una posición de ciudad es fundamental para revertir esta situación, pero necesitamos que el consenso se traslade al conjunto de España.
A veinte días de unas elecciones generales, lamento una vez más que la Justicia no forme parte del debate entre los principales candidatos. Es más necesario que nunca impulsar el inaplazable Pacto de Estado sobre la Justicia con todos los agentes políticos, sociales y jurídicos. Está en juego la tutela judicial efectiva que la Constitución reconoce como derecho fundamental.