Compostela Aberta advierte que el cambio para un uso privado invalidaría la cesión de la parcela que le hizo el Concello
09 oct 2015 . Actualizado a las 09:01 h.La Xunta mantiene su intención de permutar la parcela residencial de Xoán XXIII por la construcción de viviendas de promoción pública en Lamas de Abade. Aunque prevista inicialmente para pisos protegidos en régimen de alquiler, el Gobierno gallego decidió en diciembre, con el respaldo del ejecutivo local del PP, renunciar a ese destino y dedicarla a vivienda privada para ofrecerla en pago, a través de concurso público, por la edificación de 36 pisos protegidos en Lamas de Abade.
Contraria a ese cambio de uso, Compostela Aberta inició contactos con el Instituto de Vivenda e Solo poco después de asumir la alcaldía para frenarlo. Y en ello confiaba. Pero no ha sido así. Para la Xunta, esta permuta «permite rendibilizar ao máximo os recursos públicos dispoñibles, construíndo vivendas de promoción pública sen ter que realizar unha achega económica para iso». Así lo apuntaba hace días en respuesta a una pregunta parlamentaria del PSOE sobre la situación de esa parcela, respuesta en la que defendía también el «beneficio social» de su opción.
En explicaciones posteriores, la Xunta mantiene que las características de esa parcela solo hacen viables apartamentos pequeños, convirtiendo en «moi custosa e complexa» la construcción de viviendas destinadas a familias, «que son as que demandan vivenda protexida en Santiago». Y defiende que esa permuta permitiría ejecutar viviendas adecuadas a la demanda «aproveitando o patrimonio da Xunta», por lo que espera que el gobierno local «formule algunha proposta alternativa e viable que permita a construción de vivendas públicas e dar resposta a demanda».
Pero el Concello no está dispuesto a considerar un uso privado para esa parcela. «Non admitiremos que se faga vivenda privada», dice el edil Jorge Duarte, quien recuerda que no solo se trata de un suelo expropiado, sino que Raxoi lo cedió a la Xunta «para uso público», y «se o destina a outra cousa esa cesión non é efectiva». «A legalidade está do noso lado» y el Concello está dispuesto a defenderla, afirma el edil, aunque confía en que se mantenga el «sentido común».
El PSOE pide que se haga vivienda pública en suelos ya urbanizados
Mientras la Xunta invita a CA a formular propuestas «alternativas e viables» para la construcción de vivienda pública, los socialistas presentaban ayer sendas iniciativas para instar a los gobiernos autonómico y municipal a impulsar la construcción de nueva vivienda protegida a través de convenios como los que entre 1999 y el 2011 permitieron la construcción de 4.500 en la ciudad a través del desarrollo de 15 polígonos.
Según el diputado Xosé Sánchez Bugallo, impulsor de la iniciativa dirigida a la Xunta a través del Parlamento y quien acompañó a Paco Reyes en la presentación de la moción que este llevará al pleno, en Santiago hay más de 1.200 familias demandantes de vivienda protegida (700 para adquirir y 400 para alquilar) que esperan por una oferta que no se ha movido en los últimos años. Porque «fronte a esta demanda social, a realidade é que a Xunta non fixo ningunha vivenda autonómica entre o 2009 e o 2015». Y tampoco Raxoi desde el 2011, dice, cuando el PP «liquidou Emuvissa».
En Santiago, además, dice, se da una «situación excepcional e singular» para programar nueva vivienda acogiéndose al plan nacional 2013-2016 toda vez que la ciudad dispone de suelo ya expropiado y urbanizado para albergar más de 600 viviendas: 72 en parcelas autonómicas y 600 en municipales. Según Bugallo, el Concello invirtió 18 millones en adquirir y urbanizar suelos que están parados.