La oposición ve «deturpación» y debilitamiento en el Consorcio

x. r. santiago / la voz

SANTIAGO

El gobierno apostará por la unanimidad a pesar del cambio de estatutos

20 dic 2014 . Actualizado a las 05:00 h.

Madrid es el que pone más dinero en el Consorcio y, por tanto, el organismo legalmente está adscrito a la Administración central. La ley se impone, pero algún grupo como el BNG cree que debería estar en manos del Ayuntamiento. No obstante, y aún con el proceso estatutario en marcha, la oposición municipal cree que hay un debilitamiento y una deturpación del organismo. El grupo de gobierno señala que la nueva normativa no cambia los objetivos del Consorcio, y en todo caso «velará» para que no pierda eficacia en el casco histórico.

Los socialistas consideran que las modificaciones estatutarias conducen a mermar «a capacidade de tomar decisións por parte da Xunta e do Concello» bajo el peso del Gobierno. Explica Francisco Reyes que la entidad pasa por «unha situación crítica al no cubrir los ingresos corrientes los gastos corrientes» y cree que existe «unha seria dificultade na viabilidade do Consorcio como consecuencia da actitude da Xunta cara a Santiago».

También Rubén Cela considera inquietante la actitud de la Xunta «que non cumpre cos acordos económicos». La principal preocupación del edil nacionalista es «o compromiso das administracións co Consorcio» y detecta en los últimos años un «declive» por la merma de apoyo político y económico al organismo. Advierte que una parte sustancial de los recursos se encamina exclusivamente a restaurar el patrimonio de la iglesia. Entretanto, la actividad dinamizadora en el casco histórico se ha perdido. Ve una «deturpación» del papel del Consorcio.

Una consecuencia grave de los nuevos estatutos es la vulneración del consenso y la unanimidad que venía presidiendo sus acuerdos. La normativa debilita ese criterio común, aunque el gobierno local señala que «o Concello seguirá apostando sempre polo consenso na toma de decisións no seo deste organismo».

El PSOE cuestiona el artículo 8 que implica una «anuencia de las tres administraciones consorciadas», excepto en determinados acuerdos aparentemente de menor calibre en los que regirá «o voto favorable da maioría dos representantes de cada administración». Resalta Reyes la falta de claridad en esta materia y lamenta que «este non é o espírito da creación do Consorcio».