El alcalde despejará en diciembre el futuro urbanístico de ese ámbito
20 nov 2014 . Actualizado a las 05:00 h.La oposición municipal ha presentado enmiendas a los presupuestos de la Xunta para incrementar su aportación a Santiago en cuantías que suman 15 millones de euros. Es lo que resulta de aunar las demandas de socialistas y nacionalistas, descontando aquellas en las que sus aspiraciones coinciden, porque hay proyectos que para las dos formaciones requieren un mayor grado de implicación autonómica. En otras no existe coincidencia. De hecho, las enmiendas de los primeros suman un total de 11 millones, mientras que las de los segundos se cuantifican en 7,7.
PSOE y BNG coinciden en demandas ya históricas por su parte, como la Escola Oficial de Idiomas y el Centro de Saúde de Conxo, entre otras, pero los nacionalistas han incluido un epígrafe específico para la rehabilitación de las viviendas de San Ignacio de Loyola, conocidas popularmente como Banco do Pobre. Demandan de la Xunta 400.000 euros para ayudar a los residentes a mejorar el estado de sus hogares después de que la reserva urbanística que pesa sobre esa zona como enclave futuro de la Facultade de Medicina los haya retraído para afrontar inversiones.
Aunque sin hacer mención expresa a la situación de San Ignacio de Loyola, los socialistas han enmendado también el presupuesto gallego para que incorpore otros 600.000 euros para la rehabilitación de viviendas, además de demandar otro millón, en coincidencia con el BNG, para construir vivienda protegida.
En cuanto al Banco do Pobre, el alcalde, Agustín Hernández, reiteró ayer que es «razoable» que esas viviendas puedan optar a un programa de ayudas para la rehabilitación, aunque no aclaró todavía su futuro, que cada vez parece más tendente a la permanencia del uso residencial del ámbito. Hernández reiteró ayer su compromiso de que antes del 15 de diciembre los vecinos conocerán cómo quedará la zona urbanísticamente. La cuestión pasa por mantener la reserva para futuro espacio universitario o retirarla, lo que libraría a sus residentes de la carga de la expropiación de la que están pendientes y que ha limitado las iniciativas de los propietarios para afrontar mejoras en los pisos.