Las casas, en el Camino Francés, se edificaron con licencias de obra menor
18 feb 2023 . Actualizado a las 12:43 h.El Concello de Melide ha recurrido una sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de A Coruña que ordena la demolición de sendas viviendas ubicadas en la rúa María Casares y en la confluencia de esa calle con el Camino Francés. Abrir un expediente de reposición de legalidad es lo que solicita la administración municipal en un recurso con el que se persigue evitar el derribo integral de las viviendas, tal y como explicó ayer la alcaldesa Ánxeles Vázquez (PP). Acompañada por la portavoz de su equipo, María Jesús López Mourón, la regidora melidense compareció en público para dar cuenta de un fallo judicial que declara ilegales los inmuebles porque los trabajos de edificación excedieron lo autorizado en las correspondientes licencias municipales, que eran para obras menores.
De «desmesurada» calificó Ánxeles Vázquez la sentencia que, en sus palabras, «pudo terse evitado», toda vez que obedece a una denuncia interpuesta contra el Concello melidense por tres vecinos que recurrieron a la vía judicial «porque non se lles deu resposta ou se se lles deu, non satisfixo o que solicitaban» a diferentes escritos que presentaron en el consistorio entre los años 2009 y 2011. Al respecto, el fallo judicial recoge textualmente que desde «el órgano municipal no se adoptó medida alguna, ni se contestó a las solicitudes presentadas» y sí «se permitió la ejecución de las obras».
La demolición de las dos viviendas no es lo único que establece la sentencia, que también ordena la apertura de un expediente para recuperar los terrenos de la vivienda contigua a la casa declarada ilegal en la rúa María Casares. La alcaldesa de Melide explicó que no acatar el fallo judicial en ese sentido implicaría incurrir en un delito de dolo y avanzó que la próxima semana se iniciará el proceso. El primer paso será averiguar si la propiedad es privada, tal y como se deduce que entienden sus propietarios al haberla cercado como tal, o pública, que es lo que consideran los vecinos que denunciaron al Concello tras así advertirlo en esos escritos que presentaron sin éxito el pasado mandato. La sentencia alude a la finca como «municipal» y de lo que, de momento, disponen en el consistorio para acreditarlo «é o que aportaron os denunciantes», apuntó la regidora, que instó a los afectados «a que se defendan e aporten a documentación pertinente» para demostrar que los terrenos son propiedad privada.