El jefe de la oposición rechaza pactar contra la corrupción con el presidente de la Xunta, que anuncia para Galicia la ley de transparencia «máis esixente do Estado»
06 nov 2014 . Actualizado a las 11:04 h.Estuvieron juntos como antes jamás, a solas casi cuatro horas, y acabaron más lejos que nunca, el uno en su polo y el otro en las antípodas de aquel. La cumbre de ayer entre Alberto Núñez Feijoo y José Ramón Gómez Besteiro fracasó. Al igual que Pedro Sánchez en Madrid con Mariano Rajoy, el secretario xeral del PSdeG rechazó pactar con el presidente de la Xunta contra la corrupción y en pro de la regeneración democrática. Un acuerdo en ese ámbito solamente entre los dos principales partidos de la comunidad no lo ve, «non serviría para nada», «sería papel mollado», alegó el socialista. El popular le afeó su decisión, lo acusó de plegarse a los dictados de Ferraz, lamentó con «sorpresa» que acudiese a la cita «sen ningunha proposta» y anunció que impulsará, ya este año, una ley de transparencia gallega «bastante máis ambiciosa» que la actual, de agosto del 2006. De hecho, sentenció, será «exemplar, co maior nivel de esixencia do Estado».
El líder conservador planteó al jefe de la oposición sacar adelante un documento base de 35 medidas elaborado con resoluciones respaldadas previamente en el Parlamento por los populares, por los socialistas o bien por ambos. Además, de manera verbal le sugirió varias iniciativas, de las cuales destacó cuatro: retirar el aforamiento a los diputados autonómicos, que todas las formaciones políticas publiquen sus cuentas en Internet, que las compañías semipúblicas queden sometidas a las mismas exigencias que la Administración y un consenso para que los partidos, «con independencia de que non sexa esixible legalmente», rechacen en adelante las donaciones de empresas privadas.
El dirigente progresista desechó la oferta. De acuerdo con su entorno, las formas no le parecieron «serias». Públicamente, él argumentó su negativa vinculando cualquier pacto con el PPdeG en este ámbito a «tres razóns obvias, tres requisitos mínimos». En su opinión, antes de nada, el presidente de la Xunta tiene que comparecer en la Cámara para «dar explicacións» de los escándalos que salpican a su partido, a lo cual el interesado se niega en sesión especial monográfica, pero no en formato convencional. «O acordo -arguyó en segundo término- non pode ser só do PP e do PSOE. Teñen que estar tamén involucrados os outros partidos, que se responsabilicen da decisión». Asimismo, a través de una fórmula que eludió detallar, los agentes sociales deberían aportar sus propias ideas al documento que, llegado el caso, se bendijese en el hemiciclo.
Sin donaciones a partidos
No sin reprochar a Besteiro su actitud, Feijoo replicó que intentará lograr en el campo del Parlamento el asenso que ayer no consiguió entre las paredes de su despacho. De todos modos, por si no triunfa en ese propósito, advirtió de que materializará, de su paquete de proposiciones, todas aquellas que pueda imponer en solitario. En ese escenario de ruptura, no obstante, algunas de ellas decaerían de manera forzosa. Por ejemplo, la eliminación del aforamiento a los parlamentarios, que requeriría modificar el Estatuto de Autonomía, para lo cual se precisan en O Hórreo, de 75 posibles, 50 votos, nueve más de los que suman los de la gaviota actualmente (41).
O la supresión de las aportaciones económicas de personas jurídicas a los partidos, una «enorme esixencia ética diante dos cidadáns» que lanza cuando el juez Ruz estrecha el cerco sobre la supuesta financiación ilegal del PP y cuando la magistrada lucense Pilar de Lara investiga, en el marco de la operación Pokémon, si Vendex insufló cuartos en las cuentas de PPdeG, PSdeG y BNG. Dado que la comunidad carece de competencias para establecerlo normativamente, ese veto, «que evitaría boa parte dos procesos que hoxe están en curso», habría de cuajar por la vía de la asunción formal de un compromiso pionero.
¿Y qué ocurriría si el resto de dirigentes no se aviniesen a ello? «Eu vou intentar que prospere no meu partido. Estou disposto a facelo», aseveró Feijoo a preguntas de la prensa, para luego lanzar un envite a su adversario: «Creo que non temos que seguir sempre o que diga o PSOE en Ferraz, nin o que diga o PP en Génova. Aquí hai un espazo para pactar e eu ofrezo ese espazo galego».
Las 35 medidas
En el polo opuesto, el jefe del Ejecutivo no precisará apoyos para llevar a efecto la inmensa mayoría de los 35 puntos incluidos en el programa entregado a Besteiro. De hecho, se comprometió a iniciar los trámites para su aprobación entre este mes y el que viene. Figura en esa lista una reforma del reglamento de la Cámara para recortar las vacaciones de sus señorías, para reducir los plazos de tramitación de iniciativas y para forzar a altos cargos a entregar «os antecedentes ou documentación necesaria» que el poder legislativo les requiera.
Igualmente, el plan prevé la creación de sendos portales web de transparencia en la Administración autonómica, en las provinciales y en las locales. A través de ellos, la sociedad civil podría consultar, entre una lista de 16 categorías, datos sobre los móviles públicos, las flotas de coches, los costes reales da cada actividad o servicio, las declaraciones de patrimonio de los políticos, los sueldos del personal eventual y de los diputados, las ofertas de trabajo, las compras y contrataciones, las ayudas y subvenciones, las concesiones, las plantillas en nómina y las inversiones, «precisando custes e beneficios sociais ou económicos».
Entre el resto de artículos del proyecto destacan la reforma del Consello de Contas para atribuirle funciones de prevención de la corrupción, la emisión de un posicionamiento favorable a que todas las campañas electorales en España duren apenas siete días, la limitación de las competencias de los gobiernos en funciones, la regulación de los traspasos de poderes entre ejecutivos salientes y entrantes y nuevas inhibiciones en determinados asuntos de altos cargos con intereses societarios. Sobresalen también la introducción de mecanismos «de mellora» para «evitar fraudes» en la entrega de subvenciones y becas, amén de la «obxectivación» de cualquier empleo de recursos del erario.