Las siete ciudades de Galicia tendrán tribunales de instancia propios
01 ago 2014 . Actualizado a las 04:52 h.Alberto Ruiz-Gallardón colocó ayer un nuevo hito en esa carretera de curvas imposibles que es su errática gestión dentro de la Administración Rajoy. Ante el clamor social, claudicante, viajó hasta Santiago para contar a España que su reforma del poder judicial, finalmente, en poco o nada se parecerá a la que en un principio había esbozado. El bandazo, en la práctica, servirá a Galicia para conservar sus actuales 45 partidos judiciales, los cuales iban a desaparecer, y para contar con un tribunal de instancia por cada una de sus ciudades: siete, frente a los cuatro inicialmente previstos. En clave interna, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, ha ganado al ex alcalde de Madrid un reñido pulso sobre la mesa del PP.
Con el objetivo de que vaya entrando en vigor, gradualmente, antes de que concluya la legislatura 2011-2015, el Ejecutivo central planea aprobar en septiembre un proyecto de ley orgánica para remodelar el mapa judicial español. Aunque Ruiz-Gallardón sostuvo ayer en Compostela que la esencia del documento original perdura, en realidad, su contenido diferirá sustancialmente del borrador al que el Consejo de Ministros había dado luz verde el 4 de abril. ¿La razón? Según el promotor del documento, tres, básicamente: «Disfunciones territoriales» obviadas a priori, «sugerencias» planteadas por «muchas» comunidades autónomas y, sobre todo, una «reflexión a la que nos ha llevado la Xunta [...] con sus informes, estudios y propuestas intensas».
Hasta el momento condenados a la extinción, todos los partidos judiciales seguirán existiendo, si bien agrupados y dependiendo de tribunales de instancia. En su funcionamiento se introducirán «criterios de flexibilidad» que, entre otras cosas, permitirán reasignar efectivos «en función de las necesidades». Además, en situaciones de «sobrecarga de trabajo», asuntos de una demarcación saturada podrán ser desviados a otra, siempre que las dos pertenezcan a una misma zona geográfica de adscripción. Si esta futura medida hubiese regido, por ejemplo, durante la instrucción del caso del naufragio del petrolero Prestige, el sistema en Corcubión no se habría colapsado, esgrimió Ruiz-Gallardón para vender la idea en positivo.
En el fondo, tampoco serán eliminados por completo los juzgados de paz, sino simplemente cambiados de nombre, pues pasarán a llamarse oficinas, «con lo que se preservará la proximidad con el ciudadano». De hecho, la reforma no supondrá el cierre automático de una sola sede judicial de ninguna clase.
«Requisitos objetivos»
Asimismo, no se crearán tribunales de instancia solamente en las capitales de provincia. Como «excepcionalidad», a petición de cada comunidad y con los preceptivos informes favorables, podrán habilitarse también en localidades que reúnan ciertos «requisitos objetivos», fundamentalmente, disponer ya de un mínimo de unidades judiciales «suficientes»: una en el orden contencioso-administrativo, social y civil y, como poco, cinco en el penal, una para instrucción, una para el enjuiciamiento individual y tres para el colegiado. Traído a lo cotidiano y al ámbito gallego, eso permitirá constituirlos, además de en A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, en Vigo, Santiago y Ferrol. Por lo tanto, la principal exigencia formulada por alcaldes, magistrados, fiscales, procuradores y abogados, entre otros colectivos indignados con el ministro del ramo, queda satisfecha.
Pese a la marcha atrás en toda regla que constituyen todas estas novedades, en su comparecencia, el titular de la cartera insistió en que la reforma redundará igualmente en la consecución de los objetivos que perseguía desde que la lanzó en forma de anteproyecto. O sea, en su opinión, los tiempos de respuesta se verán reducidos, disminuirá la «elevada» litigiosidad en el país, aumentará la seguridad jurídica y las resoluciones de los togados «mejorarán en calidad».
Todo ello lo declaró ante la prensa junto a un Feijoo visiblemente satisfecho por el resultado de las presiones que, junto con su número dos, Alfonso Rueda, llevaba meses ejerciendo. «Hoy es un gran día para Galicia», valoró el mandatario popular, quien atribuyó a Ruiz-Gallardón el mérito de emprender una remodelación del sector tan «difícil» como «atrevida». «Era necesario reconocer la realidad territorial de Galicia. [...] Hay un Gobierno que ha entendido y aceptado los hechos», apostilló.