El tribunal ya había dictaminado en el mismo sentido tras la querella de los socialistas, y ahora resuelve la de la CIG
07 jun 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Una nueva sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anula las plazas de habilitados nacionales creadas por el gobierno del PP en el Ayuntamiento de Santiago, que permitieron desplazar de sus puestos al secretario municipal y a la interventora. Con este fallo, a raíz de un recurso presentado por la CIG, y al que tuvo acceso Europa Press, ya son dos las sentencias que dejan sin efecto el acuerdo plenario del 2 de febrero del 2012 por el que se aprobó la modificación del cuadro de personal correspondiente al 2011, con el cual se crearon tres plazas de funcionarios -un secretario de apoyo, una interventora de apoyo y un tesorero de apoyo, que no se ocupó-.
La otra sentencia se produjo a raíz de la impugnación promovida por los socialistas compostelanos, con Xosé Sánchez Bugallo como portavoz municipal junto a los otros siete ediles. Y a este respecto el TSXG ya ha resuelto no admitir el recurso de casación, denegando la remisión del caso al Tribunal Supremo, tal como pretendía el Partido Popular. Ahora, los socialistas urgen la reposición en sus puestos de los dos afectados, el secretario Javier Castiñeira y la interventora, Inmaculada Viña.
En este nuevo fallo, con fecha del 5 de junio, los magistrados explican que la limitación de incremento de la plantilla que deriva del real decreto 30/2010 y que afecta al 2011 «cierra el paso a plazas de nueva creación. Sin distingos ni arabescos interpretativos que se apoyan en conjeturas sobre su reserva de provisión para funcionarios preexistentes, para cubrirse por libre designación o que son plazas de configuración autonómica», agrega. Al respecto, argumenta que «lo cierto es que son plazas que van a ser perfiladas como puestos de trabajo y que comportan aumento de efectivos y costes presupuestarios».
El recurso de Inmaculada Viña
Por otra parte, ayer también trascendió que el TSXG desestimó el recurso interpuso la actual interventora de apoyo, Inmaculada Viña, que había denunciado a título particular. El fallo impone las costas a la apelante con el límite máximo de mil euros.