Los concejales se han reunido durante dos horas con la dirección autonómica del PPdeG. Defienden su inocencia y anuncian que recurrirán la sentencia
03 jun 2014 . Actualizado a las 01:39 h.Los siete concejales de Santiago que han sido condenados por el Juzgado de lo Penal número 1 de Santiago a nueve años de inhabilitación para ejercicio de cargo público por prevaricación, han dimitido esta tarde. Así se ha acordado en una reunión que mantuvieron los ediles en la sede del PP en Compostela y en la que estuvieron presentes el secretario general del PP, Alfonso Rueda; el presidente del PP de A Coruña, Carlos Negreira; el secretario general del PP en esta provincia, Diego Calvo; y el propio alcalde de Santiago, Ángel Currás. Este encuentro con la dirección autonómica del PPdeG que se ha prolongado durante dos horas.
A la salida de la reunión, María Pardo, portavoz del Gobierno municipal, y una de las concejales que dejará el acta, ha leído una pequeña declaración en la que ha vuelto a defender su inocencia y ha calificado de «injusta y desproporcionada» la resolución judicial, «tanto en lo que a la condena se refiere como a la pena». Pardo ha anunciado, además, que los siete concejales del grupo de Gobierno recurrirán la sentencia. María Pardo leyó el comunicado acompañada de Rueda, Carlos Negreira y Ángel Currás. Tras esta breve comunicación, Pardo no especificó cómo se va a materializar la renuncia e indicó que mañana «se dará cuenta de todo esto».
Los ediles condenados son María Pardo, delegada de Urbanismo y portavoz de la Xunta de Goberno Local; Cecilia Sierra, concejala de Facenda; Francisco Noya, de Festas; Amelia González, de Réxime Interno y Persoal; Juan de la Fuente, de Obras; María Castelao, de Servizos Sociais; y Luis García Bello, de Seguridade Cidadá.
Por la mañana solo habló Juan de la Fuente
Esta reunión tiene lugar horas después de que los concejales recibiesen la dura sentencia. De los ediles condenados tan solo atendió a los medios esta mañana el de Obras, Juan de la Fuente, quien se mostró «muy tranquilo» e indicó que aplazará cualquier decisión a haber «estudiado» el contenido del documento. Ya en ese momento, y preguntado sobre si la decisión de dimitir sería individual, añadió que «evidentemente» es «un compañero más del grupo» y «por ahí van los tiros».
En unas breves declaraciones a la salida del Ayuntamiento, y preguntada por si ve justa o injusta la condena, la teniente de alcalde, Reyes Leis, apuntó que «por supuesto, es injusto, pero hay que respetar las decisiones judiciales».
Nueve años de inhabilitación
Los siete concejales de Santiago que aprobaron que el Concello pagara el abogado de su compañero Adrián Varela, imputado en el caso Pokémon, han sido condenados a nueve años de inhabilitación para ejercicio de cargo público por prevaricación, pena que había sido solicitada por la fiscalía. Sostiene el fallo que «injustamente y prevaleciéndose de su condición de autoridad, obraron a sabiendas de la arbitrariedad del acuerdo que estaban adoptando, todo ello en beneficio exclusivamente particular, con el fin de favorecer a un compañero de Corporación imputado por varios delitos contra la Administración pública».
La sentencia abre una crisis sin precedentes en la reciente historia democrática del municipalismo en Galicia y pone al presidente del PPdeG y de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, ante el dilema de buscar sustitutos en la lista que presentó su partido en las elecciones del 2011 y completarla con el fichaje de personas externas, o bien decidir la intervención del Concello, medida esta que se considera la menos probable.
El proceso
Los siete concejales han sido condenados por prevaricación por decidir en junta de gobierno sufragar con cargo al erario la defensa de un compañero imputado en la Operación Pokemon. El fallo se conoce después de que el 19 de mayo estos ediles del Partido Popular se sentasen en el banquillo acusados de la presunta comisión de un delito de prevaricación tras autorizar en esa reunión celebrada el 30 de mayo de 2013 abonar de esta manera la defensa del entonces edil de Deportes, Adrián Varela, que formalizó su dimisión el martes pasado.
La decisión de costear esta representación legal con dinero de las arcas municipales se adoptó después de una solicitud de Adrián Varela, pero al final no se materializó puesto que él mismo renunció a que su abogado en la causa judicial que dirige el juzgado de instrucción número uno de Lugo y en la que está imputado por tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental, se costease con otros medios que no fuesen los suyos propios. Su acuerdo en la mencionada junta de gobierno fue denunciado por una particular, Doris Sánchez Matos, y, desde entonces, la Fiscalía siempre mantuvo su petición de nueve años de inhabilitación al entender que no habían defendido lo público.