La Audiencia da la razón a la jueza y el gobierno local de Santiago se sentará en el banquillo
SANTIAGO
Siete ediles se enfrentan a nueve años de inhabilitación por aprobar que el Concello pagase la defensa de un compañero imputado en la Pokémon
08 may 2014 . Actualizado a las 05:04 h.Habrá juicio. Siete concejales del gobierno local del PP en Santiago tendrán finalmente que sentarse en el banquillo de los acusados por prevaricación al haber aprobado en junta de gobierno que el Concello pagase la defensa legal de su compañero Adrián Varela, edil de Deportes, imputado por delitos de corrupción en la operación Pokémon.
La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso que presentaron contra el auto de la jueza compostelana Ana López Suevos por el cual se dictaba la apertura de juicio oral. El auto sostiene que «del tenor literal del acuerdo resulta la probabilidad de que el gasto se haya asumido de forma incondicionada, sin sujeción a las exigencias que derivan de la ley y la jurisprudencia, exigencias conocidas por los concejales por constar expresamente en el informe del que se les dio cuenta inmediatamente antes de la adopción del acuerdo». La sección sexta de la Audiencia Provincial, con sede en Santiago, añade que este es el «dato fundamental», junto a otros indicios invocados por el Ministerio Fiscal como la urgencia en la adopción del acuerdo o la peculiaridad de que contenga una especie de estipulación al asumir el gasto en favor de un concreto letrado.
La fiscal pide para los siete nueve años de inhabilitación para empleo y cargo público por un delito de prevaricación. Esta era la última oportunidad de los ediles del PP compostelano para intentar eludir el juicio, que se celebrará el 19 de este mes.
Los concejales que serán juzgados son María Pardo, Luis Bello, Juan de la Fuente, Francisco Noya, María Castelao, Amelia González y Cecilia Sierra.
Proceso judicial
Para la jueza los siete ediles habrían cometido un delito de prevaricación al aprobar en la junta de gobierno del 30 de mayo del 2013 que el Ayuntamiento pagase la defensa legal a su compañero del PP en la corporación Adrián Varela. Lo hicieron pese a que el informe del secretario decía que solo sería legal si se cumplían «los requisitos fijados por la sentencia del Tribunal Supremo del 4 de febrero del 2002». Esos requisitos son que el político o funcionario hubiese sido imputado en el ejercicio de sus funciones públicas y que ya hubiese sido absuelto o archivada la causa contra él. Ninguno de los dos se cumplía, ya que Adrián Varela está inmerso en la operación Pokémon por delitos de presunta corrupción y porque cuando se tomó el acuerdo de pagarle el abogado con dinero público aún no había declarado, el caso estaba bajo secreto de sumario y la investigación abierta. El escándalo que supuso el acuerdo hizo que Varela renunciase a que el Concello corriese con los gastos de su abogado, pero una denuncia ciudadana provocó que la Fiscalía tomase cartas en el asunto y denunciase a los concejales de la junta de gobierno.