Sospecha que utilizó las influencias de Paula Prado en negocios con organismos públicos
25 abr 2014 . Actualizado a las 15:08 h.La enorme mancha de aceite en la que se ha convertido la operación Pokémon ha vuelto a manchar a la portavoz del Partido Popular de Galicia (PPdeG). Paula Prado no está imputada y hasta ahora solo ha declarado como testigo, pero las grabaciones de conversaciones telefónicas y los informes de Vigilancia Aduanera, que actúa como policía judicial en el caso, ya le han dado varios sustos en forma de sospechas de que pudo incurrir en delitos, como el de tráfico de influencias, al enchufar a personas en el Concello de Santiago o en empresas de la ciudad.
La jueza de Lugo que instruye la Pokémon, Pilar de Lara Cifuentes, está ahora investigando al marido de la portavoz del PP gallego, Francisco Antonio Otero Illodo, del que sospecha que pudo utilizar las influencias de su mujer para obtener «beneficios económicos en su actividad de venta de materiales textiles a determinados organismos públicos, entre ellos al Ayuntamiento de Santiago y al de Boqueixón, utilizando igualmente para ello las influencias de otros concejales», señala la magistrada en un nuevo auto con fecha del 23 de abril.
Entre esos cargos públicos de los que se habría valido el esposo de Paula Prado para beneficiarse en su relación económica con los concellos de Santiago y de Boqueixón figurarían, según De Lara, tres personas que también están imputadas en la Pokémon. Se trata de Ángel Espadas Díez, que fue jefe de gabinete del exalcalde compostelano Gerardo Conde Roa; Albino Vázquez Aldrey, que fue edil de Seguridad Ciudadana hasta que tuvo que dimitir tras ser detenido en el marco de la operación Manga -derivación de la Pokémon-, y Adrián Varela Sarandeses, que sigue siendo concejal de Deportes en Santiago.
La magistrada considera que existen suficientes indicios para sospechar que, con la intención de no involucrar su nombre como proveedor de estos organismos públicos, el marido de la portavoz del PPdeG «habría utilizado a terceros intermediarios y facturado por medio de personas interpuestas», hechos en los que estima que presuntamente habría participado otro imputado, Alberto Quintana Vilarelle, delegado en Santiago de la empresa Sermasa (Grupo Vendex), así como Aquagest. Estas dos firmas forman parte del eje central de la investigación por su supuesta participación en la entrega de dinero y regalos a políticos en toda Galicia para lograr contratos públicos. La jueza extiende además sus sospechas en esta supuesta trama que afectaría al esposo de Prado a la empresa con participación pública Xestión de Actividades Deportivas e Espectáculos (XADE).
Tráfico de influencias y falsedad
Para la jueza, estos «datos indiciarios» podrían determinar la presunta comisión de un delito de tráfico de influencias y falsedad documental, en tanto en cuanto pudieron haberse emitido facturas falsas a los concellos investigados de Santiago y Boqueixón. Para corroborarlo, De Lara ha requerido al marido de la portavoz del PP gallego, a su empresa, Frandan Moda S.L., y a un tercero del que no se explica si es o no su socio, José María Regueiro Frey, que faciliten «de inmediato» a Vigilancia Aduanera copia de los libros o relaciones informáticas de las facturas y las facturas originales de los años 2011 y 2012, tanto de las emitidas como de las recibidas.
La magistrada también ha solicitado las facturas de los mismos años que Sermasa y Aquagest emitieron a los concellos de Santiago y Boqueixón y las que recibieron del marido de Paula Prado, de su empresa y de Regueiro Frey. Finalmente, el Concello compostelano, en el que ayer mismo ya se presentaron agentes de Vigilancia Aduanera para recoger la documentación exigida, tendrá que entregar sus facturas del 2011 y 2012 con Francisco Antonio Otero, Frandan Moda S.L., José María Regueiro, Aquagest y Sermasa.
Prado asegura que «nunca intercedió» por su marido
Paula Prado ha defendido que «nunca intercedió» por la actividad profesional de su marido ni por «ninguna de las empresas» para las que él trabajó y ha negado que «en su vida» haya alterado un contrato suscrito con una institución pública, desmintiendo las acusaciones que le atribuye Aduanas en el sumario de la Operación Pokémon. «Fui, soy y seré absolutamente respetuosa con la legalidad y con los intereses de los ciudadanos a los que representaba desde el Ayuntamiento», ha manifestado la exedil compostelana en un comunicado remitido después de trascender el autor de la jueza.