El Tribunal Superior reclama respeto para la jueza que imputó a toda la junta de gobierno de Santiago
SANTIAGO
Desde el PP local se criticó la imputación de los siete ediles acusando a la magistrada de ser nacionalista
03 mar 2014 . Actualizado a las 22:08 h.La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha salido en defensa de la jueza de Santiago Ana López Suevos ante las críticas que ha recibido por su decisión de imputar a toda la junta de gobierno compostelana por aprobar que el Concello pagase con dinero público la defensa legal de su compañero Adrián Varela, concejal de Deportes imputado en la operación Pokémon.
La imputación, que recientemente se ha visto confirmada por la decisión de la fiscal del caso de acusar de prevaricación a los siete concejales del PP que formaron aquel 30 de mayo del 2013 aquella junta de gobierno, ha sido criticada desde el PP compostelano acusando a la magistrada de ser nacionalista y de tener una cierta inquina contra los populares.
El TSXG ha querido ante estas insinuaciones mostrar su rechazo «a comentarios que insinúen que el trabajo de la magistrada del juzgado de instrucción número 1 de Santiago puede tener algún otro interés que el propio de su función constitucional» como magistrada.
El alto tribunal reclama a su vez «respeto para los jueces que actúan en el ejercicio de sus funciones, en el marco de la obligada independencia judicial y sin otros intereses que administrar una recta e imparcial Justicia». Además, el TSXG recuerda que en la fase de instrucción, que es en la que ha participado la jueza López Suevos, «se valoran indicios, y que ahora dependerá del Juzgado de lo Penal competente el dictar sentencia en uno u otro sentido».
La decisión de la magistrada de imputar a los siete concejales del PP de Santiago se vio la semana pasada respaldada por la fiscal, que les acusa de un delito de prevaricación previsto en el artículo 404 del Código Penal y pide para ellos nueve años de inhabilitación para cargo o empleo público. Una condena que es casi el máximo previsto por la ley, que para estos casos estipula penas de entre siete y diez años de inhabilitación.
Los concejales afectados, y que se tendrán que sentar en el banquillo de los acusados si la Audiencia Provincial no admite su recurso, son María Pardo, Francisco Noya, María Castelao, Amelia González, Luis García Bello, Cecilia Sierra y Juan de la Fuente.