Garzón: «Siempre intenté que la lucha antiterrorista fuese legal»

La Voz / Efe

SANTIAGO

El ex juez reaccionó así después de que medio centenar de jóvenes impidiesen que se escucharan sus palabras en la Facultade de Educación de la USC

12 feb 2014 . Actualizado a las 12:00 h.

Horas después de que medio centenar de radicales pertenecientes a diferentes colectivos estudiantiles vinculados a la Universidade de Santiago intentasen reventar la conferencia Democracia y Derechos Humanos de Baltasar Garzón, el ex juez declaraba que durante su estancia en la Audiencia Nacional siempre intentó que «la lucha frente al terrorismo fuera una lucha legal, sin consentir en ningún momento que se produjeran excesos».

Ese grupo de jóvenes, que portaba pancartas del colectivo estudiantil independentista AGIR, dedicó al exjuez gritos como «fascista» y «torturador» durante las cerca de dos horas que duró el coloquio.

Por eso, el presidente de la Fundación Baltasar Garzón (FIBGAR) se ha apresurado a recordar que en el año 2006 fue él quien creó el protocolo que lleva su nombre, conocido internacionalmente como Protocolo Garzón, para prevenir los casos de tortura y maltrato, así como las falsas denuncias contra los policías.

«Y creo que ha dado resultado. Sin duda se tiene que profundizar más en la investigación de los casos de tortura, eso es lo que se ha tratado de decir a estos chicos», reiteró Baltasar Garzón, quien había invitado a los estudiantes que le insultaron a subir a la mesa para argumentar sus insultos.

«Lo bonito ha sido que los alumnos han reaccionado y tachado de intolerantes a estas personas que no dejaban que un acto transcurriera de forma democrática en la Universidad», subrayó.

La Fundación que preside Baltasar Garzón ha explicado además que el ex magistrado incorporó a sus investigaciones sobre delitos de terrorismo un procedimiento para reforzar las garantías de los detenidos en régimen de incomunicación para casos de terrorismo, respetando los estándares internacionales de organismos de Naciones Unidas y de Derechos Humanos que en ese momento no se asumían en España. Un procedimiento que «incluye la grabación en vídeo de la persona detenida durante todo el tiempo de permanencia en dependencias policiales, la posibilidad de ser reconocido por un médico personal, la obligación de los funcionarios policiales de notificar a la familia de la persona detenida su detención y su paradero y la obligación de los funcionarios policiales de informar al juzgado de cualquier incidencia que se produzca durante la detención».

FIBGAR también informa en su comunicado de prensa que en la actualidad este procedimiento se está aplicando también en Juzgados Centrales de Instrucción y algunas secciones de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, instándose a la generalización del protocolo ya que no es aplicada por todos los jueces de la Audiencia Nacional.

Según la Fundación que preside, al ex magistrado la adopción de estas medidas le supuso la interposición de demandas ante el Consejo General del Poder Judicial por «estar a favor de los terroristas» así como denuncias ante el Colegio de médicos forenses y la apertura de un expediente disciplinario que finalmente fue archivado