Todos los edificios de más de cuarenta años habrán de pasar esa inspección en los plazos que se determinen una vez que se apruebe y entre en vigor la ley estatal. En el 2012 eran 8.265 las edificaciones con al menos esa antigüedad, de las que 3.165 tenían datada su construcción antes de 1930, mayoritariamente en la zona vieja. Otro millar era anterior a 1945.
Según la ordenanza municipal ahora suspendida, solo quedarían exentos por el momento de dicha inspección los inmuebles que hubiesen sufrido una rehabilitación integral. En ese caso su plazo comenzaría a contar desde el momento de la restauración. La normativa local indicaba que todos ellos deberían quedar revisados antes del 2016, salvo los declarados bien de interés cultural y los catalogados con el grado de protección integral, que tenían margen hasta el 2020. Ahora cualquier directriz municipal estará pendiente de la nueva ley.