Ve irregularidades en el convenio del 2005 y afirma que eso está retrasando la tramitación del actual
27 jul 2012 . Actualizado a las 07:00 h.La comparecencia de la concejala de Urbanismo a petición del BNG ayer ante el pleno para explicar en qué situación se encuentra la tramitación del último convenio firmado entre el Ayuntamiento y la promotora Layetana para el desarrollo de la finca do Espiño dio lugar a un cruce de acusaciones sobre la condonación de las obligaciones de la promotora.
Si la oposición ha denunciado en los últimos meses la intención del Concello de condonar los 2,2 millones que Layetana debe abonar a Raxoi por sentencia judicial, la responsable de Urbanismo acusaba ayer al bipartito de haber hecho otro tanto con el 10 % (621.000 euros) de aprovechamiento urbanístico que la empresa debía abonar a raíz de la recalificación de la parcela, cuando pasó de rústica a urbanizable, una operación que dio pie a sendos convenios en el 2001 y en el 2005.
Sin informes
De hecho, según María Pardo, el análisis de la «retahíla de irregularidades» que el PP dice observar en el del 2005 es lo que está retrasando la culminación de la tramitación del nuevo convenio, el que impulsó Conde Roa para convetir en residencial libre el actual uso sociocomunitario y que está pendiente desde febrero de la valoración de las alegaciones formuladas. Según Pardo, mientras que el primero de aquellos convenios indicaba que la empresa cedería 18.000 metros cuadrados de parque público, el palacete rehabilitado y el 10 % de aprovechamiento urbanístico, el segundo incluye ese aprovechamiento como parte de la aportación de la firma para rehabilitar la casona. «Desaparece una de las tres condiciones que fijaba el primer convenio», que además carecía, dijo la edila, de los informes del interventor y el secretario municipales, al igual que el segundo.
Los socialistas explicaron ya fuera de pleno que la rehabilitación del palacete al cargo de la empresa se entendía como una iniciativa compensatoria de la cesión del 10 % y que la ciudad salió ganando en ese caso porque el proyecto rehabilitador duplica en coste el pago de ese aprovechamiento urbanístico. De hecho, apuntan que las compensaciones que se exigieron a Layetana estaban por encima de los mínimos legales, una circunstancia en la que reparó también la edila popular, que trató de «pelotazo» aquella operación, justamente lo que la oposición hace con el que ahora impulsó el PP y sobre el que el BNG inquirió a Pardo acerca de por qué iniciaron la tramitación de este último convenio cuando, según trascendió recientemente, el Concello ya le había reclamado a Layetana el pago de la sentencia en agosto. «Son actos totalmente contraditorios», apuntó Rubén Cela.
«¿Quien mató a JFK?»
Sin crédito alguno para la oposición, la edila justificó que se trataba de abrir varias vías y defendió la «transparencia» de este proceso frente a la «ocultación» que denunció en parte de la tramitación del anterior, así como el interés que tendrá para la ciudad el «desbloqueo» de un proyecto que supondrá una inversión de 24 millones.
María Pardo anunció que se exigirán todas las plusvalías a que la nueva recalificación dé lugar, al tiempo que acusaba al bipartito de permitir viviendas normales en residenciales comunitarios durante años «para burlar la limitación de edificabilidad y plusvalías» y se preguntó qué llevó al gobierno de Sánchez Bugallo a no permitir en el caso del Espiño esa práctica con los residenciales comunitarios. «Es una de mis dos grandes incógnitas, quién mató a JFK y esa cuestión», dijo la edila popular.