El PP ve responsabilidad política del PSOE en el caso Montebalsa

r. m. santiago / la voz

SANTIAGO

Bugallo la niega y dice que tampoco se puede inferir del fallo judicial

28 mar 2012 . Actualizado a las 07:02 h.

Gobierno y oposición, expresamente el PSOE, polemizaron ayer sobre la existencia o no de responsabilidad política en el caso Montebalsa después de que la Audiencia Nacional haya condenado al ex arquitecto jefe del Servicio de Obras, Tomás Llavero Rivas, y al aparejador municipal Isidro Mendoza Rivero a tres años de prisión cada uno por prevaricación administrativa y falsedad documental en el concurso para la adjudicación de las obras de mejora del polideportivo del colegio Quiroga Palacios dentro del Plan E.

Tras manifestar ambos grupos municipales el acatamiento de la sentencia y lamentar la situación personal de dichos funcionarios, los dos partidos hicieron valoraciones diametralmente opuestas sobre la responsabilidad política del anterior ejecutivo -cuando se sucedieron los hechos gobernaba el bipartito-, una responsabilidad que el PSOE niega y que para el PP no solo es «clara», sino que le pone nombres, los del exalcalde y el ex concejal de Obras, los socialistas Xosé Sánchez Bugallo y Bernardino Rama.

Al alcalde, este caso, el de la plaza Roxa y el más reciente de la utilización de calidades inferiores en el contrato de pavimentación de firmes del 2010 le lleva a conjeturar que «no pueden decir que no sabían nada», porque «son ya demasiados errores y de demasiada gravedad como para decir que aquí no se sabía nada». Y, advirtió, el gobierno estudiará en detalle esa sentencia y «otro tipo de expedientes» que a raíz de este fallo «creemos que merecen un análisis detallado».

«Olía a podrido»

Su portavoz, Paula Prado, insistió en esa línea, sobre todo cuando «Bernardino Rama presumía de ser un concejal que estaba a pie de obra y que no se movía nada sin que él lo autorizase». «No pueden esconderse tras una cortina de ignorancia de la realidad, no puede ser que durante su mandato hubiese técnicos que falseaban sistemáticamente los informes y ellos no se enteraban de nada», afirma Prado, quien no solo sostiene que ese departamento «olía a podrido», sino que acusó al exalcalde de no haber tomado medidas, como la de suspender de empleo y sueldo a ambos técnicos, lo que «sí se hizo con casos menos flagrantes», dijo, en contraposición con la «flexibilidad» en este departamento. Una flexibilidad que rechazó Sánchez Bugallo, quien indicó que la suspensión cautelar solo se puede decretar ante procedimientos administrativos que se resuelven en seis meses, «e este non era o caso», y negó responsabilidades políticas.

El exalcalde observa que nada hay en la sentencia que refleje «ningunha connivencia ou responsabilidade política» y por tanto nada que permita al PP sostener esas «acusacións». Afirma que esas obras salieron a concurso público «para asegurar a transparencia e a libre concorrencia» cuando «puideron ser por adxudicación directa, como fixeron os gobernos do PP do entorno», y que él fue quien llevó el caso a la Fiscalía tras abrir una investigación interna al advertírsele de que se podría haber manipulado un cedé. Antes, el PP había denunciado irregularidades en el concurso de dicha obra y expuesto sus sospechas sobre otras, sospechas que llevó al juzgado y que inicialmente se agruparon en esta causa. Pero finalmente «a súa non prosperou e o caso que se instruíu foi o da denuncia presentada por min», dijo el socialista al tiempo que acusaba al PP de «intentar sacar rendemento político». Y los populares sostienen que Bugallo siempre fue «a remolque» de sus denuncias.

«Estudiaremos la sentencia y otro tipo de expedientes que lo merecen a raíz de este fallo»

Gerardo Conde Roa

«Non atopo na sentenza reflexo de connivencia ou responsabilidade política»

Xosé Sánchez Bugallo