López Casal y el alcalde del municipio castellano tenían estrechos vínculos
07 feb 2012 . Actualizado a las 07:00 h.El presidente del grupo inmobiliario Mahía, Ramón López Casal; y el alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez Freijo, mantuvieron una estrecha relación desde que la promotora compostelana desembarcó en ese municipio vallisoletano, en 1999, cuando Méndez todavía era concejal. Un testigo declaró ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid que López Casal se jactó de haber situado a Méndez Freijo en la alcaldía. También aseguró que el arquitecto municipal de Ames trabajaba para Mahía y que fue el director del Plan General de Ordenación Urbana de Arroyo.
Uno de los testimonios clave para desmontar la presunta trama urbanística es el de Manuel Gómez Maroñas, fundador de Mahía y todavía hoy socio de López Casal. Ambos se enemistaron y Maroñas lo denunció en Santiago por administración desleal. Esta enemistad fue esgrimida por la defensa del promotor compostelano para desacreditar el testimonio de Maroñas y solicitar el archivo de las diligencias a él concernientes, lo que fue denegado.
Gómez Maroñas testificó ante el juez de Valladolid que López Casal y el gallego Méndez Freijo se conocieron en agosto de 1999 y poco después Mahía empezó a construir en Arroyo, donde el entonces concejal fue «colaborador» de la promotora, por lo que recibió «préstamos». Maroñas aportó documentación en la que constan 180.000 euros y aseguró que cuando le preguntó a Méndez, este le dijo que no debía nada a la empresa, «que todo era un pago por su trabajo». Otra cantidad, de 102.000 euros, «se dice que era comisión de compra del primer solar en Arroyo, y ese solar lo compró Méndez», añadió.
«Al servicio del dinero»
Gómez Maroñas explicó que la relación entre López y Méndez era «muy intensa». Este veraneaba en el piso del presidente de Mahía en Sanxenxo, navegaba en su yate, iba de caza a Toledo pagado por la inmobiliaria y asistía a las cenas navideñas de esta en Galicia. Asimismo, siempre según el mismo testigo, el constructor llevaba marisco y vino a Arroyo y también obsequiaba a los concejales.
En esa época, Méndez era edil de Deportes y Medio Ambiente, además de teniente de alcalde, y Elisardo Fernández el alcalde, ambos bajo las siglas del PP. Maroñas declaró que le preguntó a Ramón López por qué Fernández no se presentaba a la reelección en las municipales del 2003 y aseguró que le dijo: «Porque quien no le presenta soy yo. Los políticos están al servicio del dinero, no de los votantes. Y ese (Elisardo) no tiene huevos para sacar adelante lo que estamos montando allí».
Gómez Maroñas explicó que la redacción del Plan General de Arroyo fue asignada a un equipo de Madrid, pero esto era ficticio porque en realidad fue dirigida por Álvaro Fernández Carballadas, entonces arquitecto municipal de Ames. Añadió que este técnico «hizo, aunque no firmó, la mayor parte de los proyectos para viviendas de Mahía en Ames. Las legalidades se hacían en A Coruña, en una oficina de Fernández. Y los dibujos los hacían en Mahía los arquitectos socios de la inmobiliaria».
El reciente auto judicial que imputa a ocho presuntos implicados en la trama de corrupción urbanística de Arroyo de la Encomienda indica que entre los años 2003 y 2007 Méndez Freijo no declaró a Hacienda 836.000 euros. Añade que Mahía habría regalado al alcalde una vivienda en Vilagarcía, y que en la misma época adquirió un chalé en Sanxenxo y un piso en Carril.
Tras seis años de investigación, el juez José María Crespo ha imputado delitos contra la administración pública, el orden socioeconómico y el urbanismo, en relación con recalificaciones de terrenos e incremento de edificabilidades, a Méndez Freijo, hoy alcalde independiente de Arroyo; a López Casal; José Presas e Iluminada Miguel, ex accionista y apoderada de Mahía; los entonces concejales Miguel Ángel Ibáñez y Javier Cruz; el que era presidente de la Comisión Territorial de Urbanismo, Jesús García Galván; y el arquitecto municipal de Arroyo, Buenaventura Conde. Al alcalde, también el de malversación de caudales públicos.