Los testigos no respaldan la versión de los imputados del caso Montebalsa

Maratoniana. Así fue la primera jornada del juicio por el caso Montebalsa celebrada ayer en la Audiencia Provincial de Santiago. Siete horas de declaraciones que abrieron los dos imputados, Tomás Rivas e Isidro Mendoza, que en el 2009 eran arquitecto y aparejador municipal, respectivamente. En ese año se inició este proceso, en el que ambos están acusados de falsificación documental y prevaricación con el ánimo de favorecer a una empresa constructora, Montebalsa, en el concurso de licitación de la obra de remodelación del pabellón deportivo de Quiroga Palacios.

El caso se enmarca en el período en el que, a través del Plan E, se tramitaron numerosas obras con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local (FIL). Entre ellas, la del polideportivo Quiroga Palacios. Las declaraciones coinciden en que cuando este proyecto llegó a la mesa de contratación, los dos técnicos imputados recomendaban en su informe adjudicarlo a la empresa Montebalsa. Sin embargo, el concejal del PP Ángel Espadas advirtió de que había un error porque la máxima puntuación era para Construcciones Piedras Sigrás (CPS).

Aquel día, un viernes, se decidió aprobar el resto de obras pendientes, otras siete, y dejar esta para el lunes siguiente a fin de que se corrigiese el error. Cuando se volvieron a reunir, se preguntó a los técnicos si habían enmendado la equivocación y estos dijeron que sí.

Todos los testigos que declararon ayer y que estuvieron en la mesa de contratación, como el exconcejal de Obras, Bernardino Rama, coincidieron en que cuando aprobaron la adjudicación todos dieron por hecho que el ganador del concurso había sido CPS. Pero no fue así.

Sorprendentemente, los dos técnicos no dijeron que seguían recomendando a Montebalsa como adjudicatario y que lo que habían corregido eran las puntuaciones de las propuestas de tal manera que CPS perdía varios puntos porque ellos interpretaban que solo contrataría a tres obreros del INEM y no a seis, como hasta entonces se había estimado. Así las cosas, la mesa aprobó la propuesta de los técnicos en apenas unos minutos, sin que ninguno de sus miembros se leyese el informe técnico ni la posterior acta.

Alerta tras la junta de gobierno

Cuando la junta de gobierno adjudicó provisionalmente la obra a Montebalsa, el PP creyó que el por entonces alcalde, Xosé Sánchez Bugallo (PSOE), había actuado en contra del criterio de la mesa. Fue entonces cuando se supo que la mesa no había aprobado, como creía, que el ganador del concurso era CPS.

El documento que están acusados de falsificar fue la propuesta que presentó CPS. Ese archivo, quedó patente en el juicio, fue creado en el ordenador del arquitecto municipal, Tomás Rivas. Él lo admite, pero asegura que le prestó la computadora al gerente de CPS, Antonio Ramos, para que hiciese el cedé que debía acompañar a la propuesta en papel y que su empresa -dijo- se había olvidado de entregar.

Ramos lo negó y aseguró que Rivas y Mendoza le reunieron para que firmase un papel alegando que se había extraviado parte de la documentación y que le dijeron que daba igual porque su empresa no había ganado el concurso, pero que querían tener todos los expedientes completos. Ese papel que firmó es el que se sospecha que se usó para favorecer a Montebalsa.

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