El caso Montebalsa, relativo a la manipulación de un concurso de obras en el polideportivo Quiroga Palacios, ha llegado a su momento culminante en la Audiencia Provincial de Santiago. El asunto, que se destapó en abril del 2009, acabó en la vía judicial a instancias del PP, tras haberle remitido el alcalde al fiscal el expediente de contratación con las presuntas irregularidades. Finalizada la fase instructiva, los días 1, 2 y 3 de febrero se desarrollará el juicio oral.

El fiscal solicita tres años y seis meses de prisión, además de un total de 12 años de inhabilitación, para los dos técnicos acusados, en tanto que la acusación particular del PP incrementa en su petición las penas propuestas por el fiscal.

Es larga la lista de personas llamadas a declarar, entre ellas el entonces alcalde compostelano Xosé Sánchez Bugallo. El primer día lo harán los dos acusados, Tomás Rivas e Isidro Mendoza, que supuestamente cometieron falsificación documental y prevaricación con el ánimo de variar el resultado del concurso de licitación.

El segundo día pasarán por el estrado para ofrecer su versión los concejales Bernardino Rama, que ejercía la delegación de Obras; Elvira Cienfuegos, componente de la mesa de contratación; Albino Vázquez, que tiene que declarar porque asistió también a la mesa al no poder acudir Ángel Espadas; y este último, como firmante del escrito de denuncia judicial. El tercer día intervendrá el exalcalde Xosé Sánchez Bugallo, en calidad de presidente de la Xunta Municipal de Goberno.

Están convocados a declarar asimismo el secretario y el vicesecretario del Concello, Javier Castiñeiras y José Ramón Alonso; la entonces viceinterventora, Ana González Bermejo; los responsables del servicio de Contratación, Rocío Montañés y Román Montero; y el actual jefe del servicio de obras, Enrique Seoane. Están citados los dueños de Montebalsa, Rafael Montero y Manuel Balsa, y los de la empresa perjudicada, Construcciones Sigrás, Antonio Ramos y su sobrino Alberto Ramos.

Sorprendentemente, y a instancias de la defensa, prestarán declaración un aparejador ajeno a Raxoi y un arquitecto, Alfredo Varela, que sí trabajó en alguna ocasión para el Concello. La aportación que puedan ofrecer estos técnicos a la causa de los imputados es una incógnita.

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Saltan a la luz pública las irregularidades en la adjudicación de la reforma del polideportivo Quiroga Palacios. El gobierno local revoca la adjudicación.

Al juzgado

Después del traslado del expediente al fiscal por parte del grupo de gobierno, el PP presenta una demanda.

Petición de penas

Tras las declaraciones ante el instructor y la imputación de dos técnicos, el fiscal pide para ellos 3 años y medio de cárcel.