El Partido Popular presentó su denuncia como una supuesta trama de prevaricación para favorecer a la empresa Montebalsa, beneficiada en varios concursos de obras, y puso su mirada en el grupo de gobierno, en concreto en el concejal Bernardino Rama. No obstante, en la fase de instrucción quedaron como únicos imputados los técnicos del departamento de Obras Tomás Rivas, arquitecto, e Isidro Mendoza, arquitecto técnico. Este proceso de diligencias previas lo ejerció el titular del juzgado de instrucción número 2, Javier Míguez Poza, que terminaría abandonando sus responsabilidades en Fontiñas.

La vista de la próxima semana provocará seguramente expectación al ser la que más políticos reúne de la andadura del Concello democrático y una de las más concurridas en un estrado compostelano en materia municipal. Van a ser tres días intensos en los que la justicia intentará dilucidar las responsabilidades del caso Montebalsa, que enfrentó encarnizadamente a gobierno y oposición en Raxoi. De hecho, las ya maltrechas relaciones entre socialistas y populares quedaron muy tocadas a raíz de este asunto.

En la causa, que afecta a un trámite del Concello, no aparece el Ayuntamiento de Santiago, como tal, personado. Sí el PP como parte acusatoria. Los focos se concentrarán, al margen de ediles y técnicos, en los propietarios de la empresa Montebalsa, que hasta ahora no habían sido llamados a declarar.

Las sesiones en los tres días de la vista se iniciarán a las 9.30 de la mañana y se extenderán a lo largo de la jornada. Algunas fuentes opinan que la sentencia no tardará en dictarse, a lo sumo en tres meses.