Fracasan las conversaciones entre los grupos municipales para frenar la judicialización del Concello El principal desacuerdo fue el reparto de cargas en la apertura de una calle
08 dic 2003 . Actualizado a las 06:00 h.?a vida política de A Baña seguirá dando mucho que hablar en los juzgados ya que las conversaciones mantenidas entre el PP y los socialistas para poner punto y final a la escalada de denuncias judiciales no han llegado a buen término. La negociación comenzó tras el pleno del 26 de noviembre. Durante la sesión, el portavoz socialista, Enrique Vázquez, pidió que se devolviesen las dietas cobradas por un sistema que, según el PSOE, no se ajustaba a la ley. En caso contrario, acudirían de nuevo a lo tribunales. En el transcurso de aquel debate, el alcalde, García Cardeso, y su grupo, el PP, reconocieron que el procedimiento no había sido el adecuado pero fueron contrarios a la devolución del dinero. La tensión inicial derivó en la apertura del diálogo. El PP fue partidario de reconducir la situación y el PSOE señaló que su intención siempre fue que el grupo de gobierno cumpliese la ley en todas sus decisiones. Aunque durante la pasada semana el acuerdo estaba cerca, finalmente no se llegó a firmar ningún compromiso pese a que el enfrentamiento entre populares y socialistas en relación a las dietas cobradas indebidamente quedó parcialmente solucionado cuando el PP anunció que en el próximo presupuesto se cambiaría el sistema de retribuciones. En aquel momento, el PSOE estaba dispuso a retirar la exigencia de la devolución del dinero si se alcanzaba un acuerdo global sobre el cumplimiento de la ley en asuntos como el de la ampliación del camino de Monelos, una ampliación prevista en el Plan Xeral y que, según el PSOE, fue promovida para permitir la legalización de una vivienda cuya licencia otorgó de forma ilegal el Concello de A Baña y que fue construida en terreno rústico. Además, según el grupo municipal del PSOE, la apertura de la calle se hacía por terrenos de los demás vecinos sin que a éstos se le cambiase la calificación urbanística de rústica a urbana como sí ocurría con la polémica vivienda.