«La legítima satisfacción que nos embarga no nos impide dejar de pensar, en la obligación que hemos contraído, especialmente con aquellos que se encuentran en las situaciones más difíciles, entre ellos, quienes sufren la enfermedad o cualquier forma de infortunio? Les invito a compartir esa confianza». Así se dirigía a la ciudadanía el ganador de las elecciones del 20 de noviembre del 2011 en su primer discurso. Me había dado por aludida. Hacía nueve meses, me habían diagnosticado un cáncer y estaba recibiendo quimioterapia y a la espera de una segunda intervención quirúrgica. Después de 20 años cotizando, el cáncer me sorprendió cuando estaba desempleada, al igual que otros cinco millones de españoles. El INSS me había denegado la incapacidad permanente (revisable siempre) y me abocaba a la exclusión social porque durante los siguientes 18 meses mis únicos ingresos serían 426 euros y estaba pagando el 40 % de mis medicamentos. Aunque cueste creerlo, mi enfermedad había pasado a un segundo plano. Mi prioridad era sobrevivir y para lograrlo no estaba dispuesta a perder aquello que tenía en abundancia: mi dignidad. En mayo del 2013 inicié una huelga de hambre y de esta manera descubrí que miles de enfermos estaban en mi misma situación. Quien estaba gobernando no había cumplido su promesa.
Antes de la cita en las urnas del 20D, los candidatos a la presidencia del Gobierno (algunos aún lo son) respondieron compitiendo por su voto a 559.000 ciudadanos firmantes de mi petición en una plataforma digital: «Cambien la ley y protejan a los enfermos de cáncer». Sus respuestas, en exceso artificiosas y retóricas, te hacen sospechar que no tienen ninguna intención de hacerlas realidad. Las elecciones son tiempos de demagogia y populismo para alimentar sobre todo a insatisfechos y decepcionados con el sistema actual. Del oportunismo, y en ocasiones falsedad, de las promesas electorales también somos cómplices los ciudadanos. Los políticos no deberían tratarnos de idiotas, pero lo hacen en demasiadas ocasiones apelando a nuestros miedos, unos, y a nuestras esperanzas, otros. La capacidad de aguante de los españoles parece no tener límite. No hay conflictividad en la calle a pesar del enorme desequilibrio social y de ver vulnerados nuestros derechos económicos y sociales, entre otros. ¿Somos nosotros los que nos merecemos estos políticos? Si realmente estamos cansados de tanta política de casquería y queremos que no desaparezcan de su agenda los compromisos adquiridos, los verdaderos problemas, debemos vigilar el cumplimiento de las promesas electorales. Tenemos la responsabilidad de ejercer una ciudadanía crítica y de hacer seguimiento a aquellos que hemos votado y saber si lo hemos hecho bien.
Las palabras vuelan, dice el viejo adagio, por eso debemos recordar qué se dijo y quién lo dijo. Mientras el debate mediático está centrado en la investidura, para nosotros la vida sigue después del cáncer, pero no sigue igual.