Pedir paciencia a enfermos cuya vida puede depender del acceso a una medicina injustificadamente cara es tarea más que difícil. Sobre todo cuando los afectados son decenas de miles, algunos de ellos en situación crítica, y cada día que pasa es mayor el riesgo de que para una parte de esos enfermos el remedio ya no llegue a tiempo.
Sobre todo cuando llevan tiempo luchando para que la sanidad pública les proporcione el fármaco que puede salvar sus vidas y, por fin, les han dicho que su voz ha sido escuchada y el sistema sanitario dedicará más de 700 millones en los tres próximos años para proporcionar el tratamiento a los enfermos de hepatitis C que lo necesiten.
El ministro lo confirmó públicamente el jueves pasado y ayer se reunía con los consejeros autonómicos para abordar los mecanismos de financiación. Al final, de nuevo garantías de que quienes lo necesiten tendrán el tratamiento, pero todavía no están cerrados todos los flecos del plan de financiación. Y se apela a la necesaria discreción cuando se señala que los casos más graves no pueden permitirse el lujo de esperar a que la lenta maquinaria de la Administración se mueva.
No hay excusas ni plazos que valgan. No es de recibo que haya una enorme rapidez para que todo un presidente y el ministro del ramo salgan a anunciar que el problema está resuelto y la solución real tarde en llegar. Esa agilidad que nunca les falta para las grandes declaraciones demuéstrenla también para llevarlas a la práctica.
Hay vidas en juego. Háganlo de una vez y ocúpense después de resolver los muchos ángulos oscuros de un medicamento por el que se va a pagar más de cien veces lo que cuesta producirlo.