El PP pide que se ejecuten todas las órdenes de derribo y el Concello culpa a Martín por las numerosas multas de la APLU
30 oct 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La demolición de los chalés de Dorrón provocó un nuevo enfrentamiento entre el gobierno de Sanxenxo y la oposición. El PP acusa al cuatripartito de utilizar el urbanismo para hacer partidismo y pregunta si ejecutarán todas las órdenes de derribo, incluida la que afecta a uno de los concejales del gobierno local. Mientras que el Concello culpa a los populares de los numerosos procedimientos judiciales urbanísticos abiertos y les pide que «se deixen de revanchismos e se poñan a facer oposición», aconseja el alcalde Gonzalo Pita (SAL).
El origen de esta última trifulca entre cuatripartito y PP se encuentra en la visita del alcalde al lugar de Torre para presenciar la demolición de los chalés. Allí, Pita declaró que el Concello ejercerá «un cumplimiento riguroso de la legalidad».
Esta afirmación levantó ampollas en el PP, cuyo portavoz Telmo Martín destapó que sobre una vivienda de Adina, propiedad del edil de Urbanismo, Daniel Fernández (SAL), pesa una orden de demolición y pregunta al Concello si aplicará en este caso la misma contundencia que en el de los chalés de Dorrón.
La réplica del gobierno local fue inmediata. A través de un comunicado, el alcalde Pita recordó que en Sanxenxo hay más de un centenar de viviendas que cuentan con expedientes sancionadores, algunas con orden de demolición. Explica el regidor que esto se debe a la ley de Costas y a que el PXOM, aprobado por Martín en el 2003, dejó varias viviendas fuera de ordenación y sin atender las alegaciones vecinales.
Añade el alcalde que el Concello no derribará ninguna vivienda sin una orden judicial previa que le obligue a ello y anima a propietarios afectados a que agoten las opciones de legalización.
Finalmente, quiso aclarar que el edil Daniel Fernández no posee ninguna vivienda con orden de derribo. La casa afectada en Adina es de unos familiares directos y fue construida en el 1994 -no en el 2006 como afirmaba Martín-, paralizada en el 1996 e inmersa en un proceso de legalización que ha llevado a soportar multas de la APLU, concluye.