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La Xunta abonará 150.000 euros por la destrucción de 98 toneladas de bacalao

La mercancía llegó al puerto de Marín en el 2007 y se deterioró al fallar la refrigeración


Pontevedra / La voz

A principios del 2007, el buque ruso Chernoyarskiy llegó al puerto de Marín con una importante partida de bacalao. Las autoridades españolas decidieron entonces retenerlo para ejecutar un embargo judicial derivado, al parecer, de unas deudas impagadas.

No pasó mucho tiempo hasta que el mercante se quedó sin combustible y, consecuentemente, el sistema de refrigeración dejó de funcionar. El pescado se descongeló originando un problema sanitario que hizo que un juzgado ordenase la destrucción de la totalidad de esta mercancía.

De este modo, una firma especializada se desplazó desde Arteixo hasta el puerto haciéndose cargo de las cerca de 92 toneladas de bacalao que había en las bodegas del Chernoyarskiy, así como de otras 6,5 que se habían descargado y enviado a una empresa de la comarca de Pontevedra.

Desde entonces, la compañía coruñesa ha tratado infructuosamente de cobrar los 149.928 euros por la destrucción del bacalao. Ya en octubre de hace diez años remitió las facturas al juzgado dando cuenta de la realización de estos trabajos y el juzgado las derivó a la Consellería de Xustiza.

En marzo del 2009, se le indicó que, aunque era esta Administración la que tenía que abonar este dinero, «todavía no tenía obligación de hacerlo al no estar concluido el procedimiento judicial». Esto no se produjo hasta comienzos del 2011, sin que hasta ese momento hubieran obtenido muchas más respuestas a sus demandas. El 1 de febrero de aquel año, la Administración autonómica «comunicó a la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra que de dicha deuda debía hacerse cargo la Administración del Estado». Y, claro está, esta última «se declaró incompetente».

La firma de Arteixo volvió a insistir con la Xunta y, en octubre del 2013, le respondieron que la suma que le tenían que pagar se alejaba mucho de los 149.928 euros reclamados. Entendían que solo se debían abonar 29.310.

Ante esta disparidad en las cantidades, la empresa buscó el amparo de los tribunales y lo encontró. El TSXG, en una resolución que es recurrible en casación ante el Supremo, condena a la Xunta a satisfacer la cantidad reclamada más los intereses legales generados desde el 2011. Esto es, desde que finalizó el proceso judicial del Chernoyarskiy.

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