Archivada provisionalmente, por segunda vez, la causa de los supuestos enchufes en Cespa
PONTEVEDRA CIUDAD
En esta ocasión, la Fiscalía de Pontevedra no recurrió
02 dic 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Por segunda vez en muy pocos meses, el Juzgado de Instrucción número dos de Pontevedra ha archivado provisionalmente la causa abierta por unos supuestos enchufes en la empresa Cespa y en la que aparecían reseñados, entre otros, el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores y el concejal Raimundo González. A diferencia de la ocasión anterior, esta vez el sobreseimiento provisional es firme, ya que no ha sido recurrido por la Fiscalía.
De este modo, y dado que no es un archivo definitivo, cabe la posibilidad de que la causa pueda reabrirse en un futuro si apareciesen nuevas pruebas de entidad. En todo caso, en el auto judicial se precisa que «no se está investigando a ningún funcionario público o autoridad» que integren la tipología de un delito de tráfico de influencias.
Se precisa, eso sí, que «lo que se pone en tela de juicio es que catorce personas accedieron al empleo en una empresa concesionaria (...) en Pontevedra» y que «dicho acceso sería por ‘’recomendación’’». Y la conclusión a la que se llega es que «presuponer que hubo un prevalimiento de una situación que obligó a una contratación irregular de estos trabajadores más allá de la mera recomendación es suponer que el vigilante de seguridad del mercado de Abastos, cualquier policía local, la técnico de medio ambiente, el presidente de comercio de la zona monumental... tienen ese poder y aptitud para obligar a adoptar esas contrataciones».
De igual modo, entender que pudo existir delito supondría que «en una empresa en la que la contratación temporal no procede del Inem, sino de los curriculums, no pueden trabajar el hijo de un policía local (...) o una amiga del vigilante de la plaza de Abastos».
La sentencia se detiene más en la figura de Raimundo González, quien participó en una modificación del contrato de limpieza con Cespa en el 2005, «es decir ocho años antes de que se contratara a doce de estas personas». «Es difícil sostener que ocho años después de esa intervención este señor pueda imponer que se contrate», concluye al respecto.