El caso de Rita Barberá rememora los de Pepe Rivas y Juan Manuel Rey, quienes sí han logrado restituir su imagen después de procesos judiciales y presiones políticas
27 nov 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La muerte de Rita Barberá ha originado un monumental debate sobre los límites de la acción política, de la investigación judicial y del ejercicio periodístico en torno a los cargos públicos que son salpicados por supuestos ilícitos relacionados con la corrupción. La discusión viene de lejos pero se ha intensificado en los últimos años. A mi juicio, gravita sobre tres cuestiones.
Una: cuándo debe el político renunciar o ser cesado de un cargo público; una vez que ya es investigado (imputado) o a partir de ser procesado y se abra el correspondiente auto de juicio. Normalmente, los partidos políticos gestionan en estos casos pésimamente los tiempos y se aplican diversos raseros.
Dos: es limitable la información periodística en relación a tales casos de corrupción o por el contrario la actuación que hoy en día se sigue en general por los medios es la adecuada debido a la enorme demanda de información que el público exige aunque tal empuje pueda conllevar la llamada «pena de telediario».
Y tres: qué grado de responsabilidad atañe al poder judicial, particularmente a los jueces y juezas que instruyen inacabables macro sumarios que acumulan años y tomos de diligencias, generando detenciones, declaraciones, comparecencias, fianzas y otras actuaciones de notable repercusión mientras se retrasa la apertura de los juicios correspondientes.
En la provincia de Pontevedra hemos tenido diversas experiencias con cargos municipales que se han visto inmersos en procesos judiciales de los que algunos han logrado salir inocentes e incluso han conseguido la restitución de su honor e imagen, aunque haya heridas que nunca llegan a cicatrizar ni disgustos que cuestan años de vida y no llegan a olvidarse.
Pepe Rivas Fontán
Un caso paradigmático, especialmente a la vista de lo acontecido en torno a Rita Barberá fue el de Pepe Rivas Fontán. Del mismo modo que el PP abjuró de la exalcaldesa valenciana y forzó su traslado al grupo mixto del Senado debido a la presión política (además del pacto firmado con Ciudadanos), quien fuera alcalde de Pontevedra desde 1979 hasta 1991, fue «abandonado» en su día por su partido.
A Rivas le hizo un «aclarado» la antigua Alianza Popular, dirigida por Manuel Fraga lo que motivó que el regidor saliera dando un primer portazo de ese partido y optase por crear Independientes de Galicia para concurrir a los comicios de 1987.
A Rivas Fontán le instruyeron sendos sumarios. Uno de ellos particularmente sonoro, obra de Luciano Varela, hoy en día magistrado del Tribunal Supremo, quien en base a una denuncia anónima, le achacó a Rivas haber recibido el supuesto regalo de una cocina a cambio de la licencia de construcción del edificio Silva. Inicialmente recibió una condena de seis años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por cohecho y prevaricación dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra que posteriormente fue tumbada, precisamente, por el Tribunal Supremo.
Pero mientras Rivas tuvo que pelear ante las instancias judiciales por limpiar su honor, optó por apartarse de la política en 1991. Y solo después de haber conseguido salir absuelto de todas las acusaciones fue cuando decidió volver a la escena pública (1996) como diputado en el Congreso de la nación y también concejal, enrolado de nuevo en el Partido Popular hasta que decidió darles el segundo portazo por profundas diferencias de criterio. Rivas nunca se ha cortado en decir que una de las personas que más le ha defraudado en política ha sido Mariano Rajoy Brey, a quien señala como alguien que le ha engañado en varias ocasiones.
El de Rivas Fontán es un caso singular por haber logrado regresar de los infiernos de las condenas judiciales y de telediario y volver a la escena política con cierto protagonismo en cargos públicos. No es lo habitual.
Juan Manuel Rey
Tenemos también entre munícipes en activo de la provincia, ejemplos de resistencia numantina cuyos protagonistas han sorteado el ostracismo al que parecían condenados incluso por compañeros y por dirigentes de su propio partido. Me refiero particularmente al caso de Juan Manuel Rey, alcalde socialista de Caldas de Reis.
Esta misma semana ha sido noticia la decisión de la Audiencia Provincial de Pontevedra que cuestiona el auto de apertura de juicio oral realizado por la jueza de Caldas que entiende el caso, derivado del pago de una multa por el que se le achaca al edil un supuesto delito de malversación de caudales públicos.
El asunto, que ya viene de hace un par de años, puso en jaque la carrera política de Rey pues el anterior líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, estuvo a punto de liquidarlo de las listas para las municipales de 2015 y solo la firmeza de Juan Manuel, dispuesto a presentarse incluso como independiente para seguir defendiendo su honor, impidió que fuera descolgado. ¡Lo que son las cosas! Meses después el que cayó fue el propio Besteiro por supuestas corruptelas achacadas por la jueza Pilar de Lara, lo que le ha apartado de la dirección del PSOE gallego y veremos sí definitivamente de la acción política.
Ahora el alcalde de Caldas respira solo un poco más aliviado, pues la Audiencia insta a la jueza a que desista o rehaga el auto de apertura de juicio oral.