Razones de interés general justificarían la fórmula de concesión a 40 años sin canon, pues nadie quiere que se eche el cierre a esas instalaciones deportivas tan concurridas
19 jun 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Después de varias tentativas frustradas, parece que por fin el Concello encauza una última solución posible -quizás la única realizable- para la mejora y continuidad de las piscinas de Campolongo, que utilizan unos 2.000 abonados en Pontevedra. No sería sin tiempo tras tropezar con proyectos fallidos, concursos desiertos y aguardar por el vaticinio de un informe de viabilidad que coloca la alternativa en una concesión a largo plazo, que garantice la inversión necesaria a cargo de la firma que explote la instalación y que no deberá abonar canon alguno al Ayuntamiento.
De momento, se firmará la sexta prórroga con Serviocio, la actual concesionaria, pues los plazos apremian y el 30 de junio expirará la anterior extensión del contrato, que vencía en 2010. Presumiblemente, es la propia Serviocio la mejor colocada para afrontar el envite que se propondrá para la próxima concesión: una inversión de 3,8 millones de euros en obras de mejora, saneamiento y reaprovechamiento de espacios del complejo de piscinas y demás instalaciones de Campolongo. A cambio, la adjudicataria tendrá 40 años para resarcirse de la inversión y obtener los márgenes de negocio sin obligación de abonar un canon.
La Voz de Galicia recogía el viernes el recelo entre empresarios de instalaciones privadas por las condiciones que va a ofrecer el Concello porque entienden que la supresión del canon propiciaría una competencia desleal. Parece un argumento rebatible desde la perspectiva del interés general, pues el mantenimiento de las instalaciones de Campolongo debería estar por encima de cualquier discusión. A ver qué grupo político quiere cargar sobre sus espaldas con el riesgo de echar el cierre a unas instalaciones tan concurridas, situadas en pleno centro de la ciudad, que hoy en día resulta casi inimaginable que se pudieran construir.
Pontevedra no está para perder ningún espacio deportivo, pues es obvio que tenemos un déficit que resulta insalvable. Recuerden que este asunto se ha reenfocado después de ideas como la ambiciosa oferta lanzada por el anterior concejal de Deportes, Tino Fernández, quien perseguía reformar las piscinas de Campolongo retomando el proyecto del centro lúdico-deportivo de A Parda. Sonaba muy bien, pero resultó inasumible.
Lamentablemente, A Parda hoy en día es un muerto. Una hilera de bloques de hormigón abandonados en medio de las silvas, al lado de la estación de ferrocarril, que nos recuerdan un manifiesto incumplimiento de la Xunta de Galicia para con Pontevedra que se viene prolongando desde 2009. Parecía claro que solventar el futuro de Campolongo requería disociarlo de A Parda.
El mal ejemplo de María Rey
María Rey, la única concejala de Ciudadanos en el Concello de Pontevedra, se ha equivocado de plano con su reacción al descubrirse que estuvo aparcando en plazas reservadas para minusválidos mediante una falsa tarjeta, según se reveló esta semana. Ella no desmintió la actuación, ocurrida y denunciada un año antes de su entrada en la corporación local. Admitió que fue multada y pagó la sanción. Pero se le olvidó lo más importante: pedir perdón. Por dos principios básicos: respeto a la ciudadanía y por coherencia ética con los postulados que dice mantener su partido.
Como espectador, eché en falta una disculpa; un simple pero sincero ‘lo siento’ que hubiera pronunciado.
Aunque los hechos sancionados datasen del 2014, por tanto anteriores a su ingreso como cargo público del Ayuntamiento, incumben a alguien que ya estaba en política y con aspiraciones a tener un protagonismo notorio, como finalmente se confirmó. La investigación que dio pie a la sanción a María Rey ocupó a la Policía Local durante unas cuantas semanas, hasta que reunieron las pruebas necesarias, pues la conducta no era aislada sino reincidente. Este es un matiz sustancial. Cualquiera de nosotros que conduzca no está libre de aparcar mal y ser multado. Pero utilizar reiteradamente una ficticia tarjeta de discapacitado para aparcar en plazas reservadas del centro de la ciudad -con el consiguiente perjuicio a quienes sí padecen esas minusvalías- es más grave. La concejala debería disculparse con la sociedad pontevedresa para la que dice trabajar y con el colectivo de personas con discapacidades, con quienes dice tener una especial sensibilidad.
Reacciones
Y en segundo lugar, la reacción de María Rey, así como las de sus jefes de filas en Galicia (José Canedo) y en España (Albert Rivera), han sido más propias de la vieja política que Ciudadanos dice batallar. La concejala atribuyendo el hecho a algo de su «vida personal» de lo que no piensa hablar (¿?). El líder gallego de C´s no acertó a decir nada peor que «¡ni que hubiera matado a alguien!».
Y Albert Rivera, en modo remoto, distanció los hechos al señalar que fueron anteriores al ingreso de María en el partido, extremo que resulta dudoso en cuanto a las fechas pero pasmoso como argumento de fuste ético por parte de quien pide, con fundamento, ventanas abiertas y aire limpio en las instituciones. Como el propio Rivera dijo, «los españoles -en este caso los electores pontevedreses- decidirán con su voto sobre la ejemplaridad de los candidatos». Aplíquese el remedio.