Investigan a un joyero pontevedrés por vender relojes falsificados en China

A comienzos del 2008, varias denuncias en Cambados pusieron a las fuerzas del orden tras la pista de un joyero pontevedrés que, al parecer, se dedicaba a vender relojes falsificados procedentes de China. Siete años después de iniciarse esta investigación, en la misma ya hay una veintena de personas encausadas en distintos puntos de la geografía nacional.

Fue el 8 de abril del 2008 cuando el Juzgado de Instrucción número tres de Cambados, tras recabar unas serie de testimonios, abrió las diligencias previas 255/08. Se acordaron entonces intervenciones telefónicas que se prorrogaron a lo largo de varios meses, al tiempo que se ordenaron una serie de entradas y registros domiciliarios en una serie de localidades españolas, que se vieron acompañadas de diversas detenciones.

Fue como una bola de nieve. Pronto lo que había comenzado con una investigación por un supuesto delito contra la propiedad industrial centrado en un joyero pontevedrés abarcó nuevos cargos a medida que otros juzgados, a instancia del arousano, realizaban sus propias gestiones: «Se amplió la investigación a diversos vendedores de material falsificado, residentes en diversas ciudades de España», recoge un auto del Supremo al que ha tenido acceso La Voz de Galicia.

Y del delito contra la propiedad industrial se pasó a delitos contra la Hacienda Pública, estafa e, incluso, contra el patrimonio histórico. En este sentido, el escrito del Supremo únicamente alude a «la venta de un cuadro».

Tirando del hilo, los encargados del caso determinaron que el pontevedrés no era la persona que adquiría directamente la piezas falsas en el gigante asiático, sino que contaba para ello con un socio. Se trata de un vecino de la población valenciana de Catarroja, el cual «importaba el material desde China para distribuirlo posteriormente por medio de su relojería».

Esta circunstancia llevó al juzgado cambadés a entender que tendrían que ser sus homólogos de esta localidad los que asumieran la instrucción judicial. Sin embargo, estos rechazaron la inhibición y el Tribunal Supremo les dio la razón. No en vano, consideró que, tras siete años de pesquisas, «tal débil punto de conexión con Catarroja, no aconseja trasladar la competencia».

Pasto de las máquinas de triturar

Solo el pasado año se intervinieron en España, según datos de la Agencia Tributaria, más de cinco millones de productos valorados en más de 812 millones de euros. Lo habitual es que todo este material falsificado, y tras la pertinente autorización judicial, termine en una trituradora o bajo los rodillos de una apisonadora. En otras ocasiones, y tratándose de prendas de vestir, se ha acordado su distribución entre personas necesitadas. foto Cedida

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