El gobierno local investigará las sospechas de enchufismo en Cespa
PONTEVEDRA CIUDAD
«Imos indagar sobre a política de contratacións da empresa», anuncia el Concello
06 oct 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El gobierno local de Pontevedra no se quedará parado ante las sospechas de enchufismo en la empresa Cespa, que gestiona el servicio municipal de recogida de basuras y limpieza viaria. Tras la divulgación de un informe policial vinculando a cargos políticos y funcionarios municipales con la contratación de varias personas, desde el gobierno local, que niega «rotundamente» los hechos en lo que se refiere a políticos, se iniciará una «indagación» acerca de la política de contratación de personal de Cespa.
El citado informe, remitido al juzgado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), apunta a políticos y técnicos del Concello de Pontevedra a la hora de atribuir enchufes de amistades y allegados en Cespa. Se basa en un documento requisado en la sede de la empresa en Santiago en el marco de la operación Patos. En el mismo se recogen 14 nombres de supuestos enchufados en la concesionaria junto al político o técnico que habría solicitado la contratación. Entre los citados como «mentores» de estos enchufes están el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, el portavoz del gobierno, Raimundo González, y la teniente de alcalde, Carme Dasilva, además de diversos funcionarios que van desde técnicos hasta policías locales e incluso un vigilante del mercado.
«Sumamente interesados»
Uno de los citados en el informe, González Carballo, volvió a negar ayer su vinculación y la de sus compañeros del gobierno local, y anunció que «independentemente do percorrido xudicial que teña o asunto, imos indagar sobre que as políticas de contratación ten a empresa». «Estamos sumamente interesados -continuó- en aclarar se hai malas prácticas por parte de funcionarios ou da empresa». Esta «indagación interna» no sería inédita en el Concello de Pontevedra. En el primer mandato del BNG, 1999-2003, hubo rumores sobre que algunos concejales anulaban discrecionalmente multas de tráfico. El gobierno local lo investigó y resultó que quien «quitaba» las multas era un funcionario. La jubilación de este frenó, recordó ayer el portavoz, la adopción de medidas disciplinarias.
Ahora se quiere abrir un proceso parecido para llegar al fondo de los supuestos enchufes. «Non imos prexulgar nin á empresa nin aos traballadores municipais que aparecen no informe -insistió el concejal-, pero de ser certas, non toleraremos este tipo de prácticas no Concello».
Escaso poder de influencia
El gobierno local no ha tenido acceso al informe de la UDEF, y la única referencia al mismo es la información publicada por La Voz de Galicia el pasado sábado. Pero ha causado cierta extrañeza que los supuestos «mentores» de algunos contratados de Cespa sean policías locales, vigilantes o administrativos. Es decir, personal que aparentemente tendría escaso poder de influencia sobre decisiones que pudieran afectar a la empresa.
Por otro lado, este caso salta en el momento en que Cespa está a punto de incrementar notablemente su vinculación económica con el Concello, ya que está previsto que este mismo mes asuma el servicio mantenimiento de zonas verdes. Se trata de un contrato de cuatro años a razón de 613.750 euros anuales. González Carballo subrayó ayer la «claridade» del proceso de adjudicación, que se resolvió en julio tras varios meses de estudio por parte de los técnicos.