Salvemos Pontevedra exige el cierre de la depuradora y recurre la concesión de Ence
PONTEVEDRA CIUDAD
Reclaman que se ejecute la sentencia del Supremo sobre la EDAR de Os Praceres
19 sep 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La plataforma Salvemos Pontevedra reclamó ayer el cierre de la actividad de la depuradora de Os Praceres y del emisario submarino, en base a una sentencia del Tribunal Supremo, que les dio la razón a los ecologistas, en contra de las pretensiones de Ence y del Estado, de que las dos infraestructuras carecen de título concesional para funcionar. En su comparecencia ante la prensa, Salvemos Pontevedra también anunció que ha interpuesto un recurso de reposición ante la ministra de Agricultura oponiéndose a la resolución de Costas sobre el expediente de caducidad de la pastera y que dio por válida la vigencia de la autorización administrativa de la fábrica, si bien dio un plazo a la Xunta para regularizar la depuradora y el emisario submarino.
En su recurso de reposición contra la decisión de Costas, Salvemos Pontevedra argumenta que la fábrica sí carece de título concesional, por lo que consideran que la resolución recurrida es «arbitraria» y por lo tanto es una «burla a la ciudadanía». En caso de que la ministra desoiga esta petición, Salvemos Pontevedra acudirá a la vía judicial y se reservará el derecho de reclamar también responsabilidades por la vía de lo penal.
En cuanto a la depuradora de Os Praceres, desde el colectivo ecologista se afirmó que la decisión del Supremo es firme y que la actividad de la EDAR no puede continuar, al ratificar el alto tribunal estatal una sentencia previa de la Audiencia Nacional también favorable a la plataforma vecinal. El pasado jueves, Salvemos Pontevedra solicitó que se ejecute la sentencia. «La depuradora está construida en dominio público», resaltan desde esta asociación.
Por último, Salvemos Pontevedra también le recordó al Concello de Pontevedra que no adquiera la finca de Malvar hasta que se resuelva el conflicto administrativo que existe entre el Estado y el registrador de la propiedad por la extensión de los terrenos de titularidad privada. Esta asociación señaló que en la inscripción registral figuran 5.500 metros cuadrados a nombre de una entidad privada, cuando realmente cerca de 2.300 son de dominio público según sentencia y el deslinde de Costas en Mollavao.