Firmado el acuerdo para el edificio judicial tras tres años de disputas
PONTEVEDRA CIUDAD
Xunta y Concello confían en que la sede se construya en menos de 24 meses
12 ago 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, firmaron ayer el acuerdo por el que se ratifica la aceptación de los terrenos de A Parda para el nuevo edificio judicial. Se pone fin así a tres años de disputas entre ambas Administraciones por la titularidad de la parcela -de 6.655,90 metros cuadrados-, que fue expropiada por el Concello en el 2012 y cedida después a la Xunta.
Ni Rueda ni Lores quisieron ahondar en esas discrepancias pasadas y prefirieron hacer una lectura en positivo. Si se cumplen los plazos anunciados ayer, el edificio judicial se licitará el próximo mes de septiembre y se adjudicará antes de que acabe el 2015. El plazo de ejecución de la obra, que supondrá una inversión de unos 20 millones de euros, es de 24 meses, aunque el vicepresidente confía en que puedan acortarse.
Antes de ratificar el acuerdo, el vicepresidente y el regidor se reunieron con técnicos en la sala de comisiones. Aunque se había anunciado, la maqueta del futuro edificio no fue testigo del encuentro y en su lugar había unos paneles con fotografías. El nuevo inmueble tendrá más de 21.000 metros cuadrados y espacio para albergar más de 28 unidades judiciales. Agrupará todos los juzgados dispersos ahora en la ciudad y estará comunicado a través de una pasarela con el actual edificio de A Parda.
El alcalde remachó que era «unha demanda de todo o sector da xustiza e da avogacía». «Os xulgados hai que amplialos e unificalos para dar un mellor servizo aos cidadáns», señaló. Lores hizo pública la única pregunta que trasladó a Rueda. ¿Con el nuevo edificio judicial se cubren las demandas a medio plazo? «O vicepresidente di que si, que o novo xulgado non se ocupará todo e que se modificou o proxecto para incluir cousas que pedían os sectores implicados», dijo.
Por su parte, Rueda destacó que «o procedente hoxe é agradecer a colaboración do Concello antes de licitar a obra». Aludió a las últimas aportaciones sobre la organización interna y la disposición de los despachos que se hicieron al proyecto que ganó el concurso, que ayudarán -subrayó- a enriquecer la sede judicial, a hacerla más útil y a asegurar que preste el mejor servicio a los trabajadores y a los ciudadanos. También agradeció la «paciencia» de los arquitectos.
A preguntas de los periodistas sobre la demora de la obra, ambos evitaron poner culpables al dar su versión. «Sempre agradecimos a disposición do Concello para ceder o terreo, que era certa, pero unha cesión ten unhas condicións e cando se produciu a Xunta cumpre o seu compromiso», afirmó Rueda. Lores admitió que los problemas surgieron una vez expropiados los terrenos y a la hora de registrarlos. «A un particular se lle rexistra máis rápido e fácil. A un Concello se lle piden máis papeis e as cuestións administrativas levaron a que se tardara», reconoció. No obstante, incidió en que la «vontade política e económica» del Concello de Pontevedra con el nuevo edificio judicial «foi clara desde o principio».
Distribución
La nueva sede albergará la jurisdicción no penal. Esto es, los cuatro juzgados de lo Social y los dos de Mercantil que están en la Audiencia Provincial, los tres de lo Contencioso-Administrativo de la calle Xermán Adrio, y los seis juzgados de primera instancia. En el actual edificio estará la Fiscalía, que ganará espacio con una planta más, y los juzgados de lo Penal. El futuro edificio tendrá un párking de 240 plazas para uso de los trabajadores, no público. En el futuro podría darse una planta más al inmueble.