El Concello de Pontevedra admite que pagará la deuda acumulada con Sogama; a cambio aguarda un gesto del presidente de la Xunta con los intereses de 15 años de pleitos
02 ago 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El presidente de la Xunta y el alcalde de Pontevedra se reencontraron esta semana en formato de entrevista institucional seis años después de su anterior cita similar. La cadencia de sus encuentros nos viene a decir que la interlocución oficial entre ambos cargos públicos no es asidua y, probablemente, tampoco fluida.
Había expectación por los resultados que deparase la reunión del pasado lunes. A la vista de las versiones oficiales -más las oficiosas que luego se han ido filtrando- podríamos concluir que Feijoo y Lores se ofrecieron y firmaron tablas, como dos ajedrecistas que no ven clara una victoria a su favor y optan por empatar.
Feijoo puede vender que ha conseguido arrancarle al regidor pontevedrés el reconocimiento de la deuda que acumula el Concello con Sogama por el tratamiento de la basura recogida en el municipio. Así se ha encargado de propagarlo el PP local. Parece evidente que están en lo cierto.
El gobierno local parece abandonar la posición beligerante de estos últimos años, que le llevó a litigar contra las reclamaciones de Sogama hasta acumular una deuda de unos 6 millones de euros. El presidente de la Xunta le sacó al alcalde el compromiso de que Pontevedra abonará los 4,7 millones de euros del principal de la deuda, mediante un calendario de pagos por detallar.
Pero Lores no desiste gratis. Parece haber logrado que Feijoo se comprometiese a rebajar la reclamación de la parte de los intereses acumulados por casi 16 años de pleito. Unos porque podrían ser condonables pues estarían prescritos por vencimiento de plazos. Otros podrían ser negociables, según se deduce del espíritu de las declaraciones posteriores. Un gesto del presidente gallego para con Pontevedra, lo que implica que el Concello se ahorraría abonar una parte del pastón a pagar a Sogama. Por tanto, un poco menos de dinero que saldrá de los contribuyentes o del erario.
Políticamente cada cual le ha buscado ya su correspondiente cuota de rentabilidad. Lores y el BNG creen que han llegado a un buen acuerdo después de tres lustros de controversias sobre el canon. Para Feijoo y el PP, la resistencia de Pontevedra ha sido vencida y creen que será un mensaje para otros municipios con los que también están en conflicto.
El acuerdo del lunes se venía cocinando desde hace unos meses con las negociaciones que entabló Javier Domínguez Lino, el pontevedrés que preside Sogama, quien ofreció al gobierno municipal una salida pactada. Una confluencia de intereses que vino propiciada por el volumen que fue adquiriendo la deuda, que podría ahogar gran parte de la capacidad inversora municipal, y la batería de sentencias judiciales adversas que el Concello ha venido cosechando, incluido el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
Cabe preguntarse como ciudadanos: ¿Eran necesarios tantos años de litigios, gastos en abogados, procuradores y costas para terminar llegando a un acuerdo extrajudicial? Porque esas minutas también han salido de las arcas públicas.
Nuevo edificio judicial
La cumbre institucional también habría servido para desatascar otros asuntos. Entre ellos, el proyecto del nuevo edificio judicial de A Parda, que lleva bloqueado por el colesterol administrativo y el peloteo de responsabilidades entre Concello y Xunta desde el 2009.
En cambio, inmediatamente después de la reunión de Feijoo y Lores, el director xeral de Xustiza convocó a los representantes de la administración judicial en Pontevedra para anunciarles que la Xunta retoma la licitación de la obra, que pretendería ejecutar en dos anualidades. Según la versión oficial, la reunión concitó el consenso de jueces, fiscales, abogados, procuradores y funcionarios judiciales con el diseño que se contratará. Un edificio de siete plantas, conectado mediante una pasarela con el ya existente, con la pretensión de agrupar las sedes judiciales dispersas por la ciudad, desahogando tanto el palacio de la Audiencia Provincial como el contigüo de A Parda.
Sin lugar para aparcar
Pero echo en falta una solución a un problema tan evidente que sorprende que no haya sido tenido en cuenta: la flagrante escasez de espacio para aparcar. Es una cuestión ya endémica en esa zona. Para el edificio judicial ya existente, se planteó reutilizar el aparcamiento del edificio Los Mirabeles, adquirido por orden de Juan Luis Pedrosa en su última tarde como alcalde, un marronazo que aún colea.
En un par de años, el problema se agravará con el nuevo inmueble, porque la previsión contemplada en el proyecto establece dos sótanos para albergar 240 plazas de aparcamiento solo para funcionarios.
Teniendo en cuenta el ámbito de la demarcación judicial de Pontevedra y la carga de trabajo de los juzgados de lo social y mercantil que serán reubicados, la presión automovilística sobre la zona de A Parda se incrementará notablemente solo con la afluencia de vehículos de ciudadanos, abogados y procuradores de otros concellos de la demarcación.
¿Qué sentido tiene hablar de una pretendida ciudad judicial cuando carecerá de un servicio básico como el transporte público y en su defecto, de espacios para aparcar?