El Concello cierra la cesión de terrenos para el edificio judicial
PONTEVEDRA CIUDAD
Un acuerdo plenario, último requisito que exige la Xunta para aceptarlos
07 jul 2015 . Actualizado a las 05:00 h.¿Tendrá algún día Pontevedra un nuevo edificio judicial? Pese al acuerdo que alcanzaron en el 2009 Concello y Xunta de Galicia, los continuos desencuentros entre ambas Administraciones han demorado durante seis años la materialización del proyecto. Ahora, el gobierno local acaba de anunciar que llevará al pleno de este mes un acuerdo formal de cesión de los 6.656 metros cuadrados colindantes con el edificio actual de A Parda. Dicho trámite plenario complementará al que ya aprobó la junta de gobierno el pasado 13 de mayo y fue remitido a la Xunta, y debería poner punto final a las discrepancias que se vienen registrando desde hace años.
Los Orzamentos de la Xunta prevén para este año una partida de 1,7 millones de euros para iniciar el proyecto, por lo que después del día 20, cuando se celebrará el pleno, ya no debería haber más demoras. El resto de la financiación, 18 millones, se repartirá entre 2016 y 2017, según la planificación económica de la Administración autonómica.
El concejal de Patrimonio, Vicente García Legísima (BNG), confirmó ayer que se pedirá al pleno que preste conformidad a la cesión de los terrenos. Se hará así porque a la Xunta de Galicia no le bastó con el acuerdo de la junta de gobierno local adoptado el 13 de mayo. La respuesta de Secretaría Xeral de Patrimonio llegó un mes después, y en ella se pedía al Concello que se remita copia del acuerdo plenario «aos efectos de rematar co expediente patrimonial».
Legísima se quejó ayer del trato que ha recibido el Concello de Pontevedra por parte de la Xunta en relación con el nuevo edificio judicial en comparación, por ejemplo, con un proyecto similar que se ejecutó en Ourense.
Así, en la ciudad de As Burgas, la Administración autonómica licitó el proyecto antes de que el Concello hubiera expropiado la totalidad de los terrenos, e incluso solicitó licencia de obra antes de que se formalizara la cesión.
En el caso de Pontevedra, Legísima recordó que las expropiaciones se firmaron en octubre del 2012 y que hubo un acuerdo de la junta de gobierno local en febrero del 2013 poniendo a disposición de los terrenos. Sin embargo, la Xunta no aceptó dicho acuerdo porque faltaba el trámite catastral y la inscripción en el Registro de la Propiedad. «Nós sempre defendimos que a Xunta podía ter avanzado os trámites se tivera vontade, e o caso de Ourense desminte as continuas escusas da Administración autonómica», subrayó Legísima.
Lo único que se adelantó en todos estos años desde Santiago con respecto al edificio de Pontevedra -además de prever la financiación en los Orzamentos- fue la elaboración de un anteproyecto, adjudicado en el 2012 a la UTE Iceacsa-Jon Montero-Naiara Montero. Este equipo diseñó un edificio de dos sótanos y seis alturas, con unos 12.000 metros cuadrados y que estará conectado con la actual sede a través de una pasarela en la primera planta y un pasadizo subterráneo.
Legísima lamenta el diferente trato dado para los nuevos juzgados de Ourense