La Audiencia de Pontevedra decreta el sobreseimiento provisional de la causa sobre su desaparición en el 2010. La decisión no afecta a la investigación policial
22 abr 2015 . Actualizado a las 07:41 h.El 18 de agosto del 2010 Sonia Iglesias, madre de un niño de siete años, iba con su todavía pareja, Julio Araújo, a un zapatero en la calle Arzobispo Malvar de Pontevedra. Había tráfico y se bajó antes del coche. Dejó el calzado. Y su rastro se perdió para siempre. Cinco años después de esa mañana, la sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra ha desestimado los recursos contra el archivo provisional de la causa judicial por su desaparición. La decisión de los magistrados, además de ratificar definitivamente el sobreseimiento, supone la retirada de la imputación, que se produjo en julio del 2012, que pesaba sobre Julio Araújo.
El auto de la Audiencia se centra en gran media en desmontar la tesis de la acusación particular que ejerce la familia de Sonia Iglesias, que ha mantenido siempre la sospecha de que su pareja sabía más de lo que contaba sobre su desaparición. Además de descartar que se pueda abrir la fase de juicio oral, el auto rebaja a meras sospechas lo que consideraba como indicios o, incluso, pruebas de una posible responsabilidad penal. Según parece, Sonia estaba pensando en separarse y se lo había comunicado a las responsables de una asociación de mujeres víctimas de la violencia machista. Pero no existen acusaciones por agresiones o abusas de cualquier índole de Sonia contra su pareja.
Comportamientos «lógicos»
En algún caso, los magistrados consideran como «lógicos» y «razonables» algunos de los comportamientos de Julio Araújo, que el día de la desaparición de Sonia, después de separarse de ella, desayunó en una cafetería de los alrededores de su casa, en el barrio de Campo da Torre. A partir de ese momento, las versiones se diluyen, contradicen o, simplemente, no existen. De lo que no parece haber dudas es de que a las 11.40 horas la cartera de Sonia aparecía tirada en una cuneta de la carretera entre Pontevedra y Vilagarcía. Tres días después, y tras intensas búsquedas en la que se volcaron toda Pontevedra y los municipio limítrofes, aparecían en O Vao sus cosas. Sin huellas. Y el caso de Sonia entraba en un callejón sin salida.
El auto de la Audiencia, vendría a respaldar el hecho de que Julio Araújo no hubiera acudido a las manifestaciones y movilizaciones que se han sucedido en estos casi cinco años y refieren que el mismo día que trascendió este suceso la madre de la pontevedresa señaló a su pareja. Araújo mantendría esta actitud para evitar incidentes.
Si tales sospechas pudieron, en su momento, justificar la condición de imputado de Julio Araújo, el paso del tiempo habría determinado, tal y como precisó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que no existen «indicios sólidos» para continuar con el procedimiento.
Rechazo al test de la verdad
Hace unos meses, y ante el estancamiento de un caso que ha supuesto una espina para el jefe superior de la Policía Nacional de Galicia, Jaime Iglesias y para el jefe superior de la UDEV, Serafín Lorenzo, que dejaron sus cargos sin poder dar respuestas a la familia de Sonia y a los pontevedreses, el fiscal jefe de Pontevedra solicitó que Julio Araújo se sometiese al test de la verdad en otro intento -tras el traslado del caso al Juzgado de la Mujer en septiembre del 2013 que trajo aparejada la declaración de nueve testigos, entre ellos Araújo, y la revisión de una cámara- de avanzar revitalizar la investigación. Ahora, los magistrados inciden en las mismas tesis que sostuvo la jueza de instrucción cuando acordó, meses atrás, el archivo provisional. Estiman que el rechazo a la realización de esta prueba se articuló en base a «un fundamento impecable»: el de que no se trata solo de averiguar el paradero de Sonia, sino de investigar la conducta de su pareja, por lo que «podría ser utilizada en su contra» . Creen también que autorizar la prueba -no regulada y sin índices de fiabilidad- «podría vulnerar sus derechos». El abogado del único imputado por el caso argumentó en su día que de obligar a su cliente a pasar el test «se estaría vulnerando su derecho a no declarar».
Sin recurso
«No tenemos posibilidad de ningún recurso», precisó el fiscal jefe, Juan Carlos Aladro. Pero la decisión de la Audiencia Provincial afecta solo al ámbito judicial y la policía mantendrá abierta la investigación. La causa podrá reabrirse en el momento en el que se aporten nuevas pruebas. «No se archivará definitivamente hasta que no transcurran los plazos de la prescripción», matizó.
«Ha sido un fracaso»
La confirmación del archivo provisional de la causa ha supuesto un nuevo mazazo en la vida de sus allegados. Así, lo reconocía ayer su hermana, Maricarmen Iglesias, en una breve conversación telefónica en la que el tono de su voz dejaba patente, ya no solo los momentos tan duros que está viviendo su familia, sino la impotencia ante la resolución.
Pese a asegurar que ya se esperaban que este desenlace se pudiera dar, Maricarmen Iglesias reconoció que el sentimiento que les embargaba era de «de fracaso. Siento que ha sido un fracaso». Ni siquiera el hecho de que la Policía Nacional mantuviese abierta la investigación le generaba algún tipo de optimismo: «Si durante cinco años o casi cinco años no han encontrado nada, pues... Mucha esperanza no tenemos, la verdad».
Nada más conocer el contenido del auto, el abogado Jesús Santaló, que defiende a Araújo, remarcó que, «con los datos que hay en este expediente, el asunto estaba abocado a esta resolución».
Su valoración del pronunciamiento de los magistrados de la Audiencia no estuvo exento de un cierto tono de reproche: «Desde un punto de vista profesional, no se alcanza a comprender demasiado bien cómo una situación de imputación en un supuesto tan mediático se puede mantener durante casi tres años», apuntó.
Una crítica que se agudiza si se tiene en cuenta que no se aportó «un solo dato o elemento adicional que permitiese profundizar en la determinación de la responsabilidad de una persona». Sus palabras ya habían encontrado eco en el auto de jueza de instrucción, que al decretar el archivo, había señalado quetras siete meses sin novedades tras la declaración de los testigos no se habían producido novedades, por lo que había que archivar la causa.