La Xunta dispone de 1,7 millones este año para el edificio judicial
PONTEVEDRA CIUDAD
La cesión formal de los terrenos por parte del Concello es inminente y el anteproyecto está listo
22 mar 2015 . Actualizado a las 20:35 h.El presupuesto de la Xunta de Galicia para este año prevé un gasto de 1,7 millones en el futuro edificio judicial de Pontevedra. Una vez que el Concello ha expropiado y registrado los terrenos a su nombre, solo resta el acto formal de cesión para que la Xunta pueda acometer un proyecto que viene coleando desde hace más de cinco años y medio. Serán 1,7 millones de euros este año, y atendiendo al presupuesto autonómico, otros 18 repartidos entre el 2016 y el 2017.
El pasado lunes fue un día casi histórico para Pontevedra. Por primera vez desde septiembre del 2009, Concello y Xunta se pusieron de acuerdo con respecto a los terrenos del futuro edificio de A Parda. El hecho se produjo cinco años y medio después de que el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), y el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda (PP), llegaran a un acuerdo para dotar a Pontevedra de un nuevo inmueble para liberar la saturación que entonces vivían -y que hoy se ha incrementado- los juzgados de la capital.
Los representantes del Concello acudieron el pasado lunes a Santiago con el documento que exigía la Xunta para aceptar la cesión de los terrenos, que es el que se reproduce en esta página: la inscripción catastral que certifica que la totalidad de la parcela, 6.656 metros cuadrados, es propiedad del Concello. Y también aportaron la confirmación del Registro de la Propiedad conforme a que ya están inscritos.
Atrás quedaron más de 60 meses de desencuentros. Primero, por la fórmula para hacerse con los terrenos, ya que la Xunta exigió que el Concello acudiera a expropiaciones y el gobierno local demandaba una declaración de proyecto de incidencia supramunicipal. Finalmente se impuso el criterio de la Xunta y el Concello acabó abonando más de 1,3 millones de euros por una treintena de parcelas que ya están agrupadas como una sola. Las expropiaciones se firmaron en octubre del 2012.
Pero también hubo discrepancias, públicas y ruidosas, durante estos años, ya que la Xunta y el PP local reprocharon al Concello que no consiguiera antes los terrenos. La respuesta municipal llegó en febrero del 2013 con la puesta a disposición de la parcela, hecho que la Xunta no reconoció porque faltaba el trámite catastral y de inscripción en el registro.
Todas las diferencias parecen haber quedado atrás. Ahora hay que proceder a la cesión efectiva de los terrenos, para lo que el Concello trabaja ya en un borrador del documento que aprobará la junta de gobierno local. Y se espera que la Xunta responda en los próximos meses tramitando la licencia de obras. Aparentemente, ya no caben más retrasos.
El inmueble tendrá dos sótanos y seis plantas y estará conectado con la actual sede
A mediados del 2012 la Xunta de Galicia adjudicó a la UTE Iceacsa-Jon Montero-Naiara Montero el diseño del futuro edificio judicial, que se levantará en una parcela contigua a la actual sede. Al concurso se presentaron más de cuarenta ofertas, y resultó seleccionado un proyecto que prevé un inmueble de seis alturas levantadas en torno a un gran patio central y dos sótanos. Se prevén unos 12.000 metros cuadrados construidos. El inmueble estará comunicado con el actual edificio por medio de una pasarela a la altura de la primera planta y también habrá un pasadizo subterráneo.
La página web del estudio de arquitectura que firma el proyecto especifica que la principal característica será una fachada construida en chapa perforada de acero de tonos rojizos. «Esta tiene diferentes densidades de perforación en función de los requisitos de luz natural de los espacios situados en el interior -señalan los arquitectos-. La chapa se combina con una segunda piel de vidrio que será en algunas partes practicable para la ventilación de los espacios y de las circulaciones. Esta doble piel proporciona la combinación perfecta para conseguir un edificio muy continuo en el exterior que permite la ventilación y entrada de la luz».
Inmediatamente después de resolver el concurso de ideas, la Xunta daba un plazo de siete meses a los ganadores para elaborar un proyecto definitivo, que será el que se ejecute.