Sogama utiliza contra el Concello informes solicitados por el PP local

Sogama y el Concello de Pontevedra mantienen una discrepancia sobre el canon que el segundo tiene que abonar por el tratamiento de los residuos sólidos urbanos que envía a la primera. Esta, que es una empresa participada por la Xunta de Galicia, reclama en torno a 80 euros por tonelada y el Concello abonaba el año pasado cerca de 50 por diferencias en la interpretación del contrato. Desde hace tiempo, las diferencias se dirimen en los tribunales, y el asunto, tras múltiples sentencias favorables a una y otra parte, recursos y peticiones de unificación de criterio, ha acabado en el Tribunal Constitucional, que todavía no se ha pronunciado.

Pero mientras se espera el dictamen del alto tribunal, pendiente desde hace más de un año, la discrepancia se mantiene y las reclamaciones judiciales de Sogama por el impago de las facturas se van sucediendo, aunque van quedando suspendidas a la espera de que se pronuncie el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte se ha producido una novedad en las demandas que presenta Sogama en los juzgados de lo contencioso-administrativos de Pontevedra: según confirmaron a La Voz fuentes judiciales, desde el pasado mes de septiembre (cuando Sogama reclamó en los juzgados las facturas correspondientes al mes de mayo), las demandas incorporan como «prueba documental» un escrito que fue solicitado en el mes de junio por el grupo municipal del PP. Se trata de un informe requerido «polos 10 concelleiros do PP» al secretario general del pleno del Concello de Pontevedra, sobre el convenio con Sogama.

Hace cerca de un año, en junio del 2014, el grupo municipal del Partido Popular -por lo tanto más de un cuarto de miembros de la corporación- solicitó dicho informe. En el mismo se concluye que las facturas presentadas por Sogama «se adaptan á legalidade vixente» y que por lo tanto el Concello debería de hacer frente al pago exigido por Sogama. Es la misma tesis que mantiene desde hace tiempo el servicio de Intervención Municipal, cuyos informes Sogama ya venía incorporando a sus demandas. La diferencia, según fuentes del gobierno local, es que los documento de Intervención están incluidos en los expedientes relativos a cada factura, y el del secretario del pleno no figura en los expedientes porque fue un informe solicitado por el grupo municipal del PP.

El asunto trascendió esta misma semana en la comisión municipal de Recursos Humanos, a la que no asistió el PP. El presidente de la misma, Vicente García Legísima (BNG), hizo constar en el acta su malestar «con que se poidan utilizar con fins perversos as demandas xudiciais dirixidas contra o Concello, como de feito se produciu cando se acompañan con demandas xudiciais informes solicitados a funcionarios deste Concello e entregados a un grupo municipal».

La deuda supera los 4 millones

Mientras el Concello y Sogama siguen debatiendo en los juzgados sobre las facturas, la aplicación o no de la cláusula energética o el nuevo canon único que impuso la sociedad que trata los residuos, la deuda que se reclama a Pontevedra sigue creciendo y supera ya los 4 millones de euros. Están en juego las facturas desde el año 2008, y ha habido fallos favorables a ambas partes, de ahí que la discrepancia haya llegado al Constitucional.

Jacobo Moreira: «Lo que parece grave es que el informe no se haya incorporado al expediente»

El portavoz del PP, Jacobo Moreira, no niega que fue él quien pasó a Sogama el informe del secretario del pleno que había solicitado su propio grupo en relación con las facturas de Sogama. «Creo recordar que dimos cuenta de ese informe en una rueda de prensa, y me llamaron desde Sogama para pedírmelo -explicó a La Voz-. Me parece normal que lo hayan incorporado a las demandas como prueba documental, porque es un informe público».

Moreira considera que «lo grave» es que el gobierno local haya tratado de ocultar la existencia de este informe. «Desde luego, si no está en el expediente, es gravísimo, un caso más de falta de transparencia del gobierno de Lores. Algo a lo que ya nos tienen acostumbrados». Para el portavoz del PP, el gobierno local «se está equivocando» al llevar «al límite» su discrepancia con Sogama. «Pese a tener sentencias en contra, están generando una deuda que resulta insoportable y con la que va a cargar la próxima corporación», señaló. En su opinión, el recurso ante el Tribunal Constitucional «no tenía otra finalidad que la de ganar tiempo».

Jacobo Moreira declinó valorar la intervención de García Legísima en la comisión de Recursos Humanos porque desconocía los términos en que se produjo.

Garcia Legísima: «É indigno de alguén que aspira a presidir algún día esta corporación»

Desde el gobierno local se considera «un feito moi grave» que desde el grupo municipal del PP se estén facilitando informes municipales «a unha empresa privada» para ir «en contra do Concello e polo tanto, en contra dos intereses dos pontevedreses».

Consultado sobre esta circunstancia por La Voz, el concejal de Réxime Interior, Vicente García Legísima (BNG), confirmó que los servicios jurídicos municipales han confirmado que Sogama incorporó como «prueba documental» el informe del secretario del pleno en al menos cuatro demandas, correspondientes a las facturas de mayo del 2014, de junio y julio del mismo año, de agosto y de septiembre. Las demandas fueron presentadas, respectivamente, en septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año pasado, y las tramitan diferentes juzgados de Pontevedra. García Legísima considera que «é indigno este xeito de actuar por parte de alguén que aspira algún día a presidir esta corporación».

Para el concejal nacionalista, una cosa es «a lexítima discrepancia política e o debate, pero outra moi diferente é que un concelleiro filtre a unha empresa privada un documento municipal para ser utilizado en contra do Concello e dos pontevedreses. Resulta indigno».

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