Condenados dos empresarios de Oia por obras ilegales en la costa

Alejandro Martínez OIA / LA VOZ

PONTEVEDRA CIUDAD

CEDIDA

Los sentenciados por sendos delitos contra el territorio añadieron una planta en sus respectivos hoteles sin tener licencia del Ayuntamiento

08 abr 2012 . Actualizado a las 06:00 h.

Dos empresarios de Oia han sido condenados recientemente por sendos delitos contra la ordenación del territorio por realizar obras ilegales en sus respectivos negocios turísticos. Álvaro Pérez Martínez, responsable del Hotel Boavista, y José Martínez Silva, del Costa Verde, aceptaron unas penas de tres meses de prisión sustituibles por multas de 1.620 euros en la vista que se celebró el mes pasado en el Juzgado de lo Penal número 2 de Pontevedra.

Inicialmente se enfrentaban a una petición del fiscal de dos años de prisión y una multa de 10.800 euros el primero y un año y seis meses de cárcel y otros 10.800 euros de sanción para el responsable del Costa Verde. Sin embargo, el Ministerio Público rebajó durante el juicio la petición de condena al considerar que concurría la circunstancia de dilaciones indebidas porque el procedimiento judicial estuvo paralizado del 2007 al 2011.

La irregularidad que cometieron ambos empresarios consistió en añadir una planta más en sus respectivos inmuebles sin la correspondiente licencia municipal. En el caso de la cafetería Boavista, se llevó a cabo en un suelo no urbanizable de protección de costas afectado por la servidumbre de protección de dominio público marítimo terrestre.

En el Costa Verde, amparándose en una licencia para la reforma de un tejado, se añadió una planta más que permitió al hotel ampliar el número de habitaciones. Ambas actuaciones se realizaron durante el mismo período, entre los años 2003 y 2006, y resultaron ilegalizables. El Ayuntamiento de Oia empezó a recibir las primeras denuncias por aquella época pero nunca las llegó a tramitar.

El caso se activó después de que la denuncia llegara hasta la Fiscalía, que presentó una querella. La sentencia recientemente firmada reconoce el delito contra la ordenación del territorio en el que incurrieron los promotores de ambas obras.