La llegada masiva de causas judiciales colapsa la Fiscalía

Alfredo López Penide
López Penide PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTE CALDELAS

CEdida

Los fiscales deben decidir antes del lunes si los casos continúan vivos o se archivan

01 jul 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

A falta de escasas jornadas para que este lunes concluya el plazo establecido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) para archivar o prorrogar la instrucción de las causas abiertas antes del 6 de diciembre del pasado año, la llegada masiva de procedimientos a revisar está colapsando la Fiscalía de Pontevedra. Así lo confirmó ayer el propio fiscal jefe, Juan Carlos Aladro, quien reconoció que «a última hora están entrando masivamente. Hasta ahora la situación era tranquila».

De hecho, el máximo responsable del ministerio público pontevedrés destacó que, a día de hoy, «nos quedan muy poquitas [causas] por revisar». Desde que entró en vigor la polémica reforma legal se estima que los fiscales del edificio judicial de A Parda -esto es, todos los de la provincia de Pontevedra con excepción de los adscritos al área de Vigo y su entorno de influencia- han estudiado cerca de cuatro mil expedientes, lo que vendría a suponer algo más del 80 % de los procedimientos judiciales pendientes de estudio.

Por delante, tienen unos días complicados, dado que tienen que conjugar esta labor con su trabajo diario en el ministerio público pontevedrés. A esto se suma el hecho de que, según confirmaron miembros de la Fiscalía, se han recibido una cifra indeterminada de asuntos sobre los que desconocían su existencia. En todo caso, no pudieron precisar su número concreto.

Juan Carlos Aladro, en este sentido, señaló que se ha dado el caso de algún juzgado en la provincia que no ha remitido ningún asunto a la Fiscalía de Pontevedra pese a que, expresamente, se le ha solicitado. No se descarta que, en algún supuesto, se apuren aún más los plazos previstos para cumplimentar este trámite.

Consecuencias de la reforma

La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal estableció el pasado diciembre que «las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas». Al mismo tiempo, dejaba la puerta abierta a que, antes de que expire este período de tiempo, el juez, a instancia del fiscal, acordase la prórroga de las diligencias abiertas, declarando «la instrucción compleja».

En estos supuestos, la duración de las pesquisas se alargará hasta un máximo de dieciocho meses, «que el instructor de la causa podrá prorrogar por igual plazo o uno inferior a instancia del ministerio fiscal y previa audiencia de las partes». En estos casos concretos, se ha previsto que la solicitud de prórroga se presente por escrito, al menos, tres días antes de que concluya el período previsto.

Algunos jueces pontevedreses, a la hora de evitar el encorsetamiento de estos plazos, están acudiendo a una artimaña legal que, por otro lado, está recogida en la propia LEC. En este articulado se establece que, «en caso de acordarse el secreto de las actuaciones, durante la duración del mismo, o en caso de acordarse el sobreseimiento provisional», los plazos quedarán interrumpidos. Esto puede provocar que los jueces opten, por un lado, por mantener el secreto de sumario el mayor tiempo posible o, por otro, por ir dictando sucesivos autos de archivo provisional, al tiempo que se ordenan nuevas diligencias de investigación.

Juan Carlos Aladro se suma a las voces críticas: «Produce más atraso que avance»

Ante la proximidad del 6 de junio, fecha en la que se cumplirán los seis meses desde la entrada en vigor de la reforma de la LEC, el fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, se mostró ayer muy crítico con la misma: «Produce más atraso que avance».

En su opinión, el polémico artículo 324 «no tiene ningún sentido», toda vez que considera que el fiscal «irrumpe en un ámbito que no le es propio». Alude de este modo al hecho de que el secretario judicial de cada juzgado en cuestión tenga que remitir las causas al fiscal: «No parece normal».

No es la única voz que ha criticado esta reforma legal. Así, en declaraciones a La Voz, el magistrado pontevedrés Xermán Varela coincidió con otros jueces capitalinos al sostener que «cos medios actuais non é viable tramitar as causas en seis meses».

No ocultó el hecho de que se trata de un objetivo «que todos quixéramos cumprir», pero que se encuentra con numerosos obstáculos. Ya no solo se trata de que se tenga que tomar declaración a las partes afectadas, sino que la falta de medios en otras instancias acaba lastrando las instrucciones judiciales. Así, Varela aludió a que «os informes periciais do Imelga, que ten sobrecarga de traballo, poden tardar sete ou oito meses». Se trata de una realidad que se está constatando en la investigación del brutal crimen de las niñas Amaya y Candela a manos de su padre en Moraña, pero también en las instrucciones judiciales relativas a las muertes violentas de Conchi Reguera Peón en Ponte Sampaio y de Manuel Ángel Rivas Muíños en Ponte Caldelas.