Costas deja en el limbo legal una decena de núcleos de la comarca

Marcos Gago Otero
marcos gago PONTEVEDRA / LA VOZ

POIO

Valora aún si aceptará Areas, A Lanzada, Festiñanzo, Chancelas, Casalvito y Lourido

29 may 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

La reforma de la Ley de Costas del 2013 está sabiendo a poco para buena parte de los concellos de la comarca. Unos diez núcleos del litoral en Poio, Sanxenxo y Vilaboa se han quedado definitivamente fuera de su reconocimiento por el Estado. Esta decisión supone dejarlos en una especie de limbo legal, que tiene infinidad de problemas para sus vecinos. La servidumbre de protección seguirá aplicándose sobre viviendas y parcelas en una franja de cien metros de ancho desde el mar. Es la congelación urbanística de los lugares afectados. No solo no se pueden hacer edificaciones nuevas, sino que tampoco se podrá normalizar la situación de aquellas que se modificaron después de 1988 o que, por diversos motivos, se construyeron después. Y para las edificaciones anteriores a 1988, se les mantiene una restricción severa en su urbanismo. Esta es la situación que concellos y vecinos querían modificar.

Otros seis siguen pendientes de un dictamen definitivo en Sanxenxo y en Poio. Una portavoz de la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar explicó que «se encuentran en estudio» las peticiones de seis núcleos en relación con la rebaja de la línea de protección estatal. En esta categoría se encuentran Festiñanzo, Areas y A Lanzada-Noalla, en el municipio de Sanxenxo. En el caso de Poio, Costas todavía no ha tomado una decisión final sobre Chancelas, Casalvito y Lourido.

De las demás solicitudes, hasta un total de diez, Costas añade: «El resto de los núcleos no reunían las condiciones para la reducción de la servidumbre de protección». Es decir, el Estado da carpetazo a las peticiones de Poio sobre Raxó, que había pedido ampliar el suelo urbano desde donde estaba la estructura de A Piolla hasta la conservera. También recibe la misma negativa la propuesta de Sanxenxo sobre Cabicastro, A Granxa, Seame (Portonovo) y el litoral de Vilalonga, expresamente Arnosa y A Revolta. No se rebajará la línea en ninguna de ellas.

La lista de núcleos en estudio facilitada por Costas utiliza una nomenclatura distinta a la aportada por Sanxenxo en su momento para definir sus peticiones. Por lo tanto, no queda claro en esta respuesta si bajo la denominación de Areas se incluye también Nanín, y si por A Lanzada se cubre Foxos, Major y Fontenla, o cuál de estos tres podría ser el que aún tiene opciones de regularse.

Para Vilaboa, como conoce el Concello desde hace varios meses, el portazo es total. No se aceptó por parte de Costas ninguno de sus núcleos: Larache, Paredes, San Adrián y Santa Cristina. El gobierno de Vilaboa confía en que la aprobación del PXOM, que espera para este año, permita volver a intentarlo. Poio tantea la vía judicial para reclamar vía contencioso administrativo, mientras que Sanxenxo todavía mantiene un cauto silencio, probablemente pendiente de ver qué ocurre con sus núcleos en estudio.

A raíz de la aprobación de la nueva legislación central en el 2013, en la comarca de Pontevedra, solo Marín ha logrado la totalidad de sus aspiraciones. Sus vecinos fueron los primeros que dieron visibilidad a este conflicto y Concello y vecinos lucharon juntos para tener listos todos los deberes que la Administración central les impuso. Para Marín, fue una lucha de catorce años. Los demás concellos se sumaron tarde al carro y las dificultades están siendo, por lo tanto, mayores.

Las claves para el éxito: dotación de servicios o la consolidación urbanística

La reforma de la Ley de Costas del 2013 y el reglamento del año siguiente que la desarrolló fijaron dos criterios para conseguir que los concellos solucionasen el conflicto de sus núcleos del litoral, dependiendo de si tienen o no un PXOM en vigor. Por una parte, se encuentra la demostración de un cierto grado de consolidación urbanística de los núcleos en 1988, que puede variar entre dos tercios y la mitad. Por el otro, se halla la existencia de servicios básicos hace 28 años, como el agua, viales asfaltados y alcantarillado. Ni la nueva ley ni la anterior tuvieron en cuenta la idiosincrasia de Galicia, con una forma de poblamiento muy distinto al resto de España. Cumplir los requisitos exigidos, e incluso demostrarlos, es una tarea ingente, que no siempre es posible, aún para núcleos que llevan siglos al lado del mar en las Rías Baixas. Ahí está parte del problema que ahora perjudica a los vecinos.