Los afectados buscan vías para solventar las pegas de Costas a sus solicitudes
01 feb 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Seis concellos de las rías de Pontevedra, Arousa y Vigo mantienen abierta en la provincia la lucha ante la Administración estatal para regularizar sus núcleos del litoral. De esta batalla se ha desmarcado Marín al cumplir su objetivo. Este es uno de los pocos concellos de Galicia que tenía los deberes hechos cuando la reforma de la Ley de Costas permitió flexibilizar la rígida normativa de 1988 y subsanar el olvido que el Estado había hecho de estos asentamientos tradicionales gallegos. También se salvó Moaña, que fue nombrada de forma expresa en el reglamento estatal como una excepción justificada.
Para el resto de los concellos afectados, en algunos casos, la batalla se libra todavía en vía administrativa, mientas que en otros, sus gobiernos locales cansados del tira y afloja de años han optado por acudir a los tribunales. El problema se agrava por la transitoriedad del Gobierno en funciones, que en casos como Vilaboa, no se le ponen al teléfono ni al alcalde, el socialista José Luis Poceiro, desde el pasado octubre. Los concellos donde se libra este último episodio de la guerra del litoral son Vilaboa, Poio, Sanxenxo, O Grove, A Illa y Vilanova. Y la solución parece que aún tardará.
Vilaboa es uno de los concellos que ha dado más trabajo a Costas. En diez años de reivindicaciones los afectados han hecho de todo, desde las habituales manifestaciones hasta subirse a grandes cruces de madera. Este concello lo tiene más difícil que otros en circunstancias parecidas, porque al carecer de un PXOM, la aplicación de la normativa está siendo más compleja. Las últimas noticias que sabe el Concello, del pasado otoño, es que de los cinco núcleos solicitados, Costas está dispuesta a aceptar dos, Larache y Paredes, aunque no ha habido avances en ese sentido en meses.
Una disposición transitoria de la Ley de Costas facilitó que, si se cumplían unos requisitos de consolidación o de dotación de servicios, se pudiese instar al Gobierno central la rebaja de la línea de protección de los cien a los veinte metros. Este procedimiento fue avalado por el Constitucional en una sentencia, de noviembre del año pasado, sobre varios apartados cuestionados de la Ley reformada.
Poio se agarró a esta fórmula y le vino denegada la solicitud. La solución adoptada por este Concello fue acudir a los tribunales e interponer un recurso contencioso administrativo ante la Justicia. Es el mismo paso que acordó A Illa, un concello que, por su carácter insular, se encuentra especialmente afectado por las servidumbres de Costas. Esta es la misma vía que también anunció O Grove a finales del año pasado, tras la negativa del departamento estatal a reconocer sus asentamientos. Por su parte, Sanxenxo, a quien también se le dijo que no a once núcleos, está esperando a que se le responda a sus últimas alegaciones ante Costas.
Ante la disparidad de acción de los concellos y el problema vecinal, la Xunta se ofreció asesorar a los gobiernos locales pendientes para buscar soluciones, que aún no se han dado resultados.