La mujer de Francisco Otero asegura que era la administradora de la firma que construyó la casa de Lapamán
21 feb 2017 . Actualizado a las 05:05 h.«Nada. No tengo nada que ver». Fue la escueta respuesta que dio ayer Francisco Otero Regueira al fiscal cuando le pregunto por su vinculación con la construcción de una vivienda en Lapamán, un caso especialmente peculiar ya que el inmueble se levantó en terrenos de Marín con licencia otorgada por unanimidad por el pleno del Concello de Bueu en 1992.
Tras insistir que «no soy promotor ni constructor», aludió a que es su mujer la administradora única de Construcciones Otero Regueira, la empresa que levantó la casa. «Hace diez años aproximadamente que no tiene actividad», aclaró al respecto, extremos que serían posteriormente corroborados por su mujer. Siguiendo con este argumento, este vecino de Bueu reiteró que, en el caso de que se le condene a demoler los trabajos realizados, carece de autorización para llevarla a cabo. Pero es que, además, subrayó que «no tengo medios para demoler» la obra.
A este respecto, relató las penurias económicas que presumiblemente esta atravesando. Así, tras incidir en que tiene la pensión embargada por deudas derivadas del IBI, señaló que dos entidades bancarias le reclaman cuotas de la hipoteca de la casa donde el matrimonio reside en la actualidad. «Hace dos años que no pongo la calefacción, ni puedo pagar los Reyes a mis nietos. Lo hace mi hija», añadió.
«La crisis nos hundió», apuntó su mujer, quien desveló que están en trámites de separación si bien matizó que residen en el mismo «chabolo». «Él come la carne y yo las espinas del pescado, y mi hija lo que puede», insistió.
«En una situación muy angustiosa», reconoció el abogado Manuel Novas Caamaño. «Están arruinados», apuntó, al tiempo que remarcó que el fiscal insistió en pedir la demolición de todo el inmueble. «La licencia se le concedió a Construcciones Otero Regueira y cinco años después se la anularon a nombre de Francisco Otero y no de la empresa, que es la que tiene la titularidad», explicó el letrado.
El ministerio público lo que sí modificó fue su petición de multa por el delito de desobediencia, que redujo de 9.720 euros a la mitad, 4.860 euros. En cuanto al segundo cargo, el de delito contra la ordenación del territorio, habría mantenido los dos años de prisión e idéntico período de inhabilitación profesional, así como la sanción de 6.480 euros.
Piden investigar a la mujer
El fiscal instó a la magistrada que dedujese testimonio de la mujer del acusado, de la hija de ambos y de un tercer testigo por si hubiesen incurrido en un supuesto delito de falso testimonio cuando comparecieron en sala. Se trata de una petición que fue criticada por la defensa del encausado, que entendió que no se sostiene.
Por su parte, Manuel Novas Caamaño comenzó el juicio aludiendo a una serie de cuestiones que consideró debería exonerar a Francisco Otero. Por un lado, remarcó que no puede ser considerado autor de unos hechos cuando las obras de la vivienda fueron ejecutadas por una firma en la que su cliente «no asumió función alguna». De igual modo, recordó que la APLU ya llevó a cabo un proceso administrativo, en el marco del cual le impusieron al acusado cuatro multas, por lo que entiende que se está produciendo una duplicidad de procedimientos sancionadores, así como consideró que los hechos imputados habrían prescrito.
El fiscal rechazó tales argumentos. Así, entre otros aspectos, señaló que todo delito urbanístico conlleva una infracción administrativa, al tiempo que mantuvo que no cabe la prescripción.