Los fallos del Constitucional y del Supremo mantienen intacta la regularización
07 nov 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El Gobierno central modificó la Ley de Costas en el 2013 y desde entonces se han ido resolviendo una cascada de recursos en los máximos tribunales estatales. El Supremo y el Constitucional, aunque han anulado o cambiado artículos del reglamento que desarrolló la legislación litoral, han respaldado el proceso que permite legalizar los núcleos. Los últimos ejemplos fueron la anulación por el Supremo de una disposición transitoria de la Ley, que regía los términos de la concesión de chiringuitos de playa; así como otra sentencia del mismo tribunal a favor de la reclamación de los derechos de los propietarios de amarres en Ampuria Brava, en Cataluña.
A estas resoluciones,se les pueden añadir en los últimos años otras como las relacionadas con la isla de Formentera y la regularización de las marinas, entre otras. Cuando los magistrados han entrado a analizar algunos aspectos que tocaban los procesos de regularización de núcleos de litoral, como el caso del Constitucional hace un año, la decisión ha sido siempre favorable a mantener lo descrito en la Ley y los requisitos especificados en el reglamento del 2014. El alto tribunal estatal reconoce la constitucionalidad de la disposición que modificó la Ley de 1988 y que fijó los criterios para determinar en qué casos se puede rebajar la línea de protección.
De esta forma, la reforma de la Ley de Costas ha tenido como principal repercusión en el entorno pontevedrés la regularización de los núcleos de litoral de Marín, con la reducción de la línea de protección de los cien a los 20 metros. Hay que recordar que los vecinos de Marín, respaldados después por sucesivas corporaciones locales, fueron los primeros en dar visibilidad al conflicto de los asentamientos tradicionales en la costa gallega. La primera movilización se celebró en la playa de Loira en el verano del 2004, cuando aún no se soñaba siquiera que se iba a modificar la legislación estatal.
Los marinenses probaron distintas vías para conseguir el reconocimiento de sus núcleos y, en este sentido, fueron pioneros en Galicia. Con el tiempo, a esta reivindicación se le fueron sumando otros concellos con la misma problemática: A Illa, O Grove, Sanxenxo, Vilaboa, Vilanova y Poio.
Una pieza clave para el buen fin de las reclamaciones municipales es un Plan de Urbanismo en vigor. Sin un PXOM es prácticamente imposible conseguir no ya la reducción de la línea de protección, sino incluso el reconocimiento de la existencia de un núcleo tradicional de litoral. Cuando Marín aprobó su PXOM pudo dar carpetazo a la mitad de sus problemas costeros, y la otra mitad lo hizo cuando demostró que dos núcleos -A Teoira y Casás- y la mitad de otros -Loira y Aguete- cumplían con la norma estatal. Es decir, tenían un grado de consolidación suficiente en 1988 y los servicios exigidos. Este año se publicó la modificación del deslinde en el BOE y los vecinos han empezado ya a tramitar la normalización de sus viviendas ante el Concello.
En otros casos, como Sanxenxo o Poio, donde sí existía un PXOM antes del cambio legislativo, la situación es distinta porque sus planeamientos no incluyeron los ámbitos ahora solicitados. Costas se agarra a esta circunstancia para negar la mayoría de sus peticiones, aunque falta el pronunciamiento expreso sobre varios núcleos. Hay concellos de la provincia que ya han llevado a Costas a la Justicia para intentar poner fin al conflicto.
Concellos como Vilaboa confían en el PXOM para volver a intentar salvar las casas del litoral
El gobierno local de Vilaboa ha puesto en la aprobación de un Plan de Urbanismo todas las esperanzas que le quedan para que el Estado reconozca la existencia de sus núcleos de litoral anterior a 1988 y así intentar lograr la rebaja de la línea de protección evitando así el derribo de viviendas con expedientes abiertos por la Xunta o con resoluciones judiciales. Vilaboa no tiene reconocido ninguno de sus asentamientos y esto ha sido objeto de multitud de problemas para los vecinos que residen en lugares como Paredes, Larache, Santa Cristina y San Adrián, entre otros. El reconocimiento de núcleo lo tiene que hacer, en primer lugar, la Xunta, pero esta ha explicado que sin PXOM no es posible. El equipo de gobierno está apurando los últimos trámites para conseguir que el plan esté aprobado y en vigor en el primer semestre del próximo año y entonces abrir la vía para pedir nuevamente una solución para su litoral.
Vilaboa ya lo intentó en el período de audiencia que Costas abrió para los concellos tras la aprobación del reglamento de la nueva Ley en el 2014. Sin embargo, no logró sus objetivos porque no pudo demostrar que cumplía esos requisitos. Ahora, con un PXOM, lo volverá a intentar.
Aparte de los núcleos, la legislación del 2013 tuvo otras importantes consecuencias. Entre ellas está la prórroga de la concesión de Ence por 60 años en Lourizán, ya que la Ley actual permite la prolongación del uso industrial de terrenos en dominio público. Está pendiente, por su parte, la regularización de la EDAR de Os Praceres y resolver la vigencia de la concesión de Elnosa.