La concejala María Deza se reúne con la Xunta y el alcalde Poceiro espera un informe técnico especial
22 feb 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Los gobiernos locales de Sanxenxo y Vilaboa agilizan las gestiones para conseguir justificar el reconocimiento de sus núcleos de litoral antes de que expire el plazo concedido por Costas para que completen sus solicitudes. En Vilaboa se espera para la próxima semana la entrega de un informe técnico, encargado a un gabinete jurídico especializado; mientras que en el caso de Sanxenxo, la propia concejala de Urbanismo, la popular María Deza, ha incrementado sus contactos con la Consellería de Medio Ambiente para que la asesoren sobre cómo cumplir con las exigencias de Costas.
Están en juego la rebaja de la línea de protección estatal en nueve núcleos del litoral sanxenxino. Concretamente son Arnosa, A Revolta, Foxos, Fontenla, Major, Seame, Festiñanzo, A Granxa y Cabicastro. Costas remitió el pasado diciembre un escrito reclamando al Concello de Sanxenxo, entre otros de la provincia, que completase la documentación necesaria para el reconocimiento de sus núcleos de litoral y la rebaja de la línea de protección. Vilaboa se encuentra en la misma situación que Sanxenxo, con el agravante de que Costas no reconoce ninguno de sus núcleos del litoral y este Concello no puede siquiera apelar a un Plan de Urbanismo para intentar salvar los trastos.
Otros municipios de la ría -Pontevedra y Bueu- no necesitaron acogerse a la disposición transitoria que abrió la reforma de la Ley de Costas el año pasado porque ya habían solucionado sus problemas a través de sus respectivos PXOM hacía años. Marín, el otro concello costero de la comarca, tenía pendiente de resolver tres núcleos, pero cumplió sus deberes y en diciembre solventó definitivamente sus problemas.
Los concellos de Sanxenxo y Vilaboa tienen que defender ante el Estado y de forma consistente la preexistencia de cada uno de sus núcleos antes de la Ley de Costas de 1988, que es la referencia de aplicación a todos los municipios españoles. Pueden seguir dos criterios, la consolidación, es decir, el número de edificios construidos en el momento en que se aprobó la ley estatal; o también pueden echar mano de la dotación de servicios públicos en estos asentamientos.
En la comarca de Pontevedra, en Vilaboa, la polémica sobre Costas saltó antes que en Sanxenxo y se evidenció en manifestaciones e incluso una «crucifixión» simbólica en la que participó hasta el alcalde y la portavoz municipal del PP.
Marín marcó el ejemplo a seguir para toda España y consiguió solucionar una lucha de 10 años
Agosto del 2004 fue el pistoletazo de las movilizaciones vecinales en Marín que sacaron la luz pública un problema que afectaba a todo el litoral gallego, pero que había permanecido oculto durante años. Los vecinos de Loira, un asentamiento varias veces centenario, se hartaron de las severas restricciones urbanísticas para vivir en este núcleo del litoral y se manifestaron. Fue el comienzo de una larga lucha reivindicativa que solo concluyó diez años después, en el 2014 con el informe de Costas del pasado diciembre aceptando la rebaja de la línea de protección de los cien a los 25 metros en A Teoira, Casás y la mitad de Loira y de Aguete. La reforma de la Ley de Costas permitió legalizar estos núcleos, que se acogieron a la disposición transitoria de la nueva normativa estatal. Mogor y las otras mitades de Loira y Aguete lo habían hecho a través del PXOM.
Marín cumplía los requisitos y además de hacerlo tenía preparados los informes técnicos acreditativos desde hacía tiempo. Cuando Costas solicitó la documentación a los concellos afectados en Galicia, el Ayuntamiento marinense lo tuvo bastante fácil. Con PXOM y los núcleos reconocidos por Costas y la Xunta, la solicitud se atendió plenamente.