El BNG de Caldas acusa a Rey de impulsar «un catastrazo» de espaldas a sus vecinos

Cristina Barral Diéguez
c. barral CALDAS / LA VOZ

CALDAS DE REIS

Cientos de vecinos están recibiendo estos días cartas remitidas por Hacienda para notificarles que tienen que pagar por la regularización catastral de sus propiedades

13 abr 2016 . Actualizado a las 05:05 h.

Cientos de vecinos de Caldas de Reis están recibiendo estos días cartas remitidas por el Ministerio de Hacienda para notificarles que tienen que pagar por la regularización catastral de sus propiedades. El BNG afirmó ayer que esta polémica regularización está teniendo «graves consecuencias» en el municipio, «xa que son centos as propiedades afectadas e cuantiosos os gastos» que implica el proceso.

Según los nacionalistas, solo por el hecho de regularizar una edificación los vecinos tiene que reciban la notificación tendrán que pagar como mínimo una tasa de 60 euros por cada una de las propiedades afectadas, y a esa tasa tendrán que sumar, en muchos casos, los costes derivados del IBI y los gastos de tramitación.

El BNG responsabilizó a PP y PSOE de que los vecinos de Caldas tengan que tributar «por galpóns, galiñeiros e, nalgún caso, ata pola caseta do can como se se tratara de lofts de fin de semana». El Bloque acusó al PP de haber aprobado amnistías fiscales «para os seus amigos», y al alcalde, Juan Manuel Rey (PSOE), de haber solicitado, a finales del 2014, la incorporación del Concello a esos trabajos catastrales. Ese proceso tenía por objetivo que se incorporan construcciones omitidas total o parcialmente, o modificaciones en los datos de los inmuebles.

«Pediu ao Catastro que se iniciase este proceso para tapar o burato económico que teñen provocado os sucesivos gobernos socialistas e que nos últimos anos se veu incrementado pola falta de xestión, que fixo perder cuantiosas axudas para a construción do proxecto das pozas da Tafona, ademais do caso do derrubamento da rúa Real», señaló el BNG. Los nacionalistas están organizando una asamblea abierta para informar a los afectados. También se debatirán diveras alternativas para minimizar el impacto de una medida que calificaron de «abusiva» y «confiscatoria».