El alcalde de Caldas defiende su inocencia y se desvincula del pago de la multa

c. b. PONTEVEDRA / LA VOZ

CALDAS DE REIS

P.CHAPELA

El político socialista afirmó que no tiene un plan B porque por su cabeza no pasa la apertura de juicio oral, algo que de ocurrir conllevaría su expulsión del partido

14 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

El día que cumplía 61 años, el alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey (PSOE), compareció ante la prensa para hablar, por primera vez, de su imputación por un delito de malversación de caudales públicos. El regidor defendió su inocencia ante la audiencia preliminar que afrontará el próximo martes y tras la que el juzgado decidirá si abre juicio oral contra él o archiva la causa, vinculada al pago de dos multas coercitivas por no derribar un edificio.

«Do que estamos a falar é dunha multa de 600 euros, en concreto, se esta multa a debía pagar o Concello ou o alcalde. Non estamos a falar de se o alcalde quedou con cartos do Concello, ou se usou a súa posición para favorecer a alguén, ou se foi sobornado», dijo ayer Rey. El regidor compareció solo porque se considera «o único responsable desta situación», por ello declinó que lo acompañaran sus concejales o dirigentes del PSdeG. El político socialista afirmó que no tiene un plan B porque por su cabeza no pasa la apertura de juicio oral, algo que de ocurrir conllevaría su expulsión del partido, según el código ético interno.

«Unha multa que nunca mandei pagar, nin nunca se me indicou que debía ser eu quen a tiña que pagar. É máis, cando se paga por parte do Concello estou a 4.600 quilómetros de aquí, polo cal non teño ningunha participación nestes feitos», subrayó. Pese a ello, el fiscal solicita dos años y seis meses de suspensión de empleo o cargo público. La primera sanción, de 1.450 euros, prescribió.

Rey se mostró «orgulloso» de cómo gestionó el Concello este culebrón urbanístico, que él heredó de su antecesor, porque se hizo para «defender os intereses dos veciños». Reiteró que la licencia para la construcción del edificio de la calle Real que después fue anulada por el juzgado por incumplir la normativa del fondo edificable se concedió con todos los informes favorables. E hizo hincapié en que cobra 10.000 euros menos al año de lo que podría percibir por la población del municipio.