Premio a la «justicia urbanística»

Marcos Gago Otero
marcos gago MARÍN / LA VOZ

BUEU

RAMON LEIRO

La asociación Agade Galicia se coordina con otros colectivos españoles para defender sus derechos y viviendas

15 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

Los vecinos del edificio Pintos, en Loureiro (Bueu), son el alma de la asociación Agade Galicia que agrupa a los propietarios de edificios afectados por sentencias judiciales que consideran injustas porque nadie les comunicó, antes de adquirirlas, de que se trataba de inmuebles ilegales. Ahora, junto a otras dos asociaciones -Ama, de Cantabria, y Auan, de Almería- han convocado el premio Justicia en el Urbanismo, una forma de dar mayor visibilidad a su causa y que se les tenga en cuenta a la hora de legislar y actuar desde los tribunales. Han elegido este momento porque coincide con el segundo aniversario de los cambios en el Senado para proteger a los particulares que compraron una vivienda sin saber de su compleja situación judicial y que ahora se encuentran con que la piqueta amenaza sus pisos y la economía de sus familias. Con este premio a la Justicia en el Urbanismo, estas tres asociaciones quieren «reconocer a las personas, organismos o entidades que hayan contribuido de manera destacable a mejorar la justicia urbanística dentro de la sociedad, logrando la mejor defensa y protección de los derechos humanos».

La convocatoria de este premio será anual y su fallo lo hará público una coordinadora nacional de asociaciones de afectados por esta problemática legal.

El portavoz de Agade Galicia y afectado del edificio Pintos, José María Alén, explicó que el ganador recibirá una estatuilla diseñada por la artista almeriense Elena Tinickaya, a sugerencia del abogado Gerardo Vázquez, dirigente de Auan.

Un ejemplo entre muchos

El caso del edificio Pintos es el más famoso de los que existen en la comarca de Pontevedra, entre otras cosas por su larga trayectoria judicial, que comenzó a principios de los años noventa del siglo pasado y que todavía sigue abierta. En la actualidad existe una orden de demolición de parte de la fachada que dejaría inhabitables las 19 viviendas de las que se compone el inmueble. Los afectados señalan que, en su caso, se enteraron de esta deriva judicial del futuro de sus viviendas cuando el proceso estaba finalizado. Ni el Concello, ni tampoco el promotor les advirtieron de qué estaba pasando y cuando quisieron apelar la sentencia para que se retrotrajese a un punto donde poder defenderse, ya era demasiado tarde, porque los plazos se habían cerrado.

Los vecinos llegaron a recibir una carta del Concello donde se les notificaba el desalojo de sus pisos y que sus enseres, si no los quitaban ellos, los dejarían en una lona en la calle, de ahí el nombre que asumieron como colectivo, la Lona de la Vergüenza. Esa decisión tan drástica se logró evitar, pero el calvario judicial continúa.

En estos momentos, en el caso del Pintos, existe un expediente de responsabilidad patrimonial ante el Concello de Bueu, que se encuentra en fase administrativa. Asimismo, el abogado de los vecinos presentó ayer un recurso en casación ante el Tribunal Supremo sobre otro de los numerosos asuntos relacionados con este caso. Por otra parte, los vecinos están a la espera de que entre en vigor a tiempo la aprobación definitiva del PXOM, lo que permitiría la legalización del inmueble cuestionado.