Agade cree que la sentencia de Beira da Ría sirve para más casos en la comarca
BUEU
La plataforma aspira a la anulación de resoluciones judiciales en Bueu y Sanxenxo
13 ene 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La sentencia del Tribunal de Estrasburgo que dio la razón frente a la Justicia española a un matrimonio propietario de un chalé en la urbanización Beira da Ría, en Sanxenxo, ha sido saludada por afectados de situaciones semejantes a lo largo y ancho de la comarca. La Asociación Galega de Defensa Urbanística de los Terceros de Buena Fe (Agade) manifestó su esperanza de que esta resolución judicial sirva para la anulación de otras órdenes de derribo pendientes en Bueu y Sanxenxo.
Para Agade, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos supone «un reconocimiento de la indefensión que sufren en España quienes no son emplazados en los expedientes administrativos y en los procesos judiciales relativos a la nulidad de una licencia municipal de obras o sobra la ilegalidad urbanístico de un edificio, pese a ser terceros de buena fe que han adquirido lícita y legítimamente sus viviendas».
El caso de Beira da Ría es una situación «idéntica» a la sufrida por los afectados de sentencias de demolición de viviendas que fueron construidas en base a licencia, compradas ante notario, registradas debidamente y que cumplieron con las obligaciones formales necesarias para ser los legítimos dueños de esas propiedades. Sin embargo, procesos judiciales a los que no se les permitió concurrir o no se les notificó a tiempo provocaron en muchos casos la orden de derribo, dejándolos en un estado de indefensión completa.
Para Agade, la sentencia europea sobre Beira da Ría, que reconoce el derecho de los propietarios a saber y ser escuchados en estos procesos, es una «demostración palpable de una deficiente protección del tercero de buena fe en nuestro ordenamiento jurídico». También se puede entender como una evidencia de la desprotección de estos ciudadanos, que sufren las consecuencias de estas mismas sentencias. Por otro lado, inciden en que esperan que la Justicia española aplique la anulación de esas polémicas sentencias y se evite tener que multiplicar las causas ante Europa.
En estos momentos, por ejemplo, el Supremo tiene que fallar diversos procesos sobre la interpretación del alcance del artículo 108.3 de la nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Esperan que los magistrados españoles acepten la anulación de estos procesos para dejarles ser partícipes.
Según Agade, la «laguna» legal que ha detectado Estrasburgo en la legislación española ha sido denunciada por numerosas asociaciones de afectado. Estos vecinos «nunca pudieron entender que alguien pueda ser condenado casi a cadena perpetua, en algunos casos como el edificio Pintos de Bueu a más de 29 años pendientes del derribo de su vivienda, sin mediar ni culpabilidad, ni dolo, ni ilícito alguno».
Este colectivo manifestó sentir «rabia y pena» por tener que «encontrar justicia fuera de nuestro país» porque los tribunales españoles no les amparasen ante «tan flagrante desprotección y violación » de sus derechos.