Galicia recibirá 48 de las 50 hectáreas de autorización de viñedo que solicitó

El Estado acaba de comunicar a las comunidades autónomas las autorizaciones para plantar viñedo que recibirán en los próximos meses. Son lo que, hasta hace unos años, se conocían como derechos de plantación. A la comunidad gallega se le han adjudicado 48 de las 50 hectáreas que solicitó, según confirmaron fuentes de la Consellería do Medio Rural. Una cantidad que las organizaciones agrarias consideran exigua. No porque el ministerio no haya sido generoso en el reparto, sino porque las peticiones de bodegas y viticultores gallegos son escasas. El problema, insisten estas mismas entidades, es que las condiciones del reparto no tienen en cuenta las peculiaridades de la comunidad gallega y que, al final, al viticultor no le compensa estar dos años esperando por estas nuevas autorizaciones y recurre a otros sistemas para ampliar sus plantaciones.

Las quejas por las condiciones que se exigen desde el ministerio para conceder estas autorizaciones no son nuevas. Hace ya años que el sector vitícola exige un cambio en esas bases que refleje la realidad gallega, marcada por el minifundio y las pequeñas plantaciones. «É unha normativa global, para toda España, que no se adapta ás necesidades de Galicia. Entón, a xente non os pide porque non ten a seguridade de que lle vaian conceder todo o que solicitou», asegura Julio Reboredo, de la Asociación Agraria Galega (Asaga). «A xente ten poucas expectativas de que llos concedan e non queren estar esperando un ano, que é o que tarda a tramitación, e quedar sen nada», añade Samuel Lago, de Unións Agrarias. Ambos consideran que la cantidad que en esta ocasión ha solicitado Galicia es pequeña, muy pequeña. «Hai empresas que están facendo plantacións moito máis grandes na zona de Vedra», sostiene Reboredo. Son viñedos de cien hectáreas, el doble de lo que han pedido todas los viticultores y las bodegas gallegas juntas en nuevas autorizaciones.

La farragosa tramitación de estas concesiones es otro de los inconvenientes que las organizaciones agrarias le encuentran al sistema. El proceso se inicia en enero, con la presentación de toda la documentación necesaria para conseguir las autorizaciones. Y no suele ser hasta septiembre que se falla el resultado del mismo, con lo que el viticultor tiene que esperar hasta la campaña siguiente para poder plantar. «A xente normalmente quere plantar na mesma campaña que os pide, non estar esperando dous anos», explica Reboredo. Hay otro problema y es que «os viticultores teñen poucas expectativas de que llos concedan e non queren estar esperando dous anos para nada», añade Lago. «Por experiencias doutros anos, a xente non ten a seguridade de que lle vaian conceder todo o que pide. Quen os solicita son viticultores que non teñen outra forma de conseguir autorizacións e para cousas pequenas», insiste Reboredo. De ahí que la cantidad total solicitada por Galicia haya sido escasa.

Otro problema: son plantaciones que no pueden acogerse a ayudas de reestructuración

Hay una razón de peso que está llevando a los viticultores gallegos a no solicitar las autorizaciones de plantación. Y es que estas no son subvencionables, no pueden ser incluidas en las ayudas para la reestructuración de viñedos, con lo que en muchos casos no compensan. «A xente prefire mercar dereitos a particulares porque así pode pedir unha subvención de reestruturación», asegura Lago. El sistema no solo le permite ahorrar dinero sino que también «é máis áxil», insisten en Unións Agrarias.

Explican en Asaga que ellos tramitaron este año entre cuarenta y cincuenta expedientes de autorizaciones de viñedo, «pero de superficies pequenas, de entre 500 ou mil metros», asegura Reboredo. Cuando el viticultor quiere hacer una plantación más grande, lo normal es que adquiera los derechos en otras zonas de España donde se está arrancando viñedo. En los planes de reestructuración, plantar una hectárea está subvencionado con alrededor de 13.000 euros. El precio de los derechos, por su parte, empieza en los dos mil euros la hectárea y puede llegar a los cuatro mil, dependiendo de la cantidad. Esto implica que, aunque pague por las autorizaciones, el viticultor todavía dispondrá de alrededor de 10.000 euros para subvencionar su nueva plantación. Algo que no sucede si se acoge a las autorizaciones que reparte el ministerio. «O ideal sería que puideran meterse nos plans de reestruturación», concluye Reboredo.

Unas plantaciones demasiado pequeñas para ser priorizadas

No se ha visto muy favorecida Galicia con la normativa que regula el reparto de las conocidas como nuevas autorizaciones de plantación de viñedo. Los criterios que fija el Estado son comunes para toda España y no tienen en cuenta el minifundismo del sector gallego, con lo que, aseguran las organizaciones agrarias, cada vez son menos los que las solicitan 

¿Cómo se reparten las autorizaciones de viñedo?

Tras la desaparición de los conocidos como derechos de plantación, es el Estado el que todos los años debe repartir las autorizaciones que permiten a los viticultores plantar más viñedo. Lo hace de forma gratuita. El Gobierno decide la cantidad a repartir, que nunca debe ser superior al 1 % de la superficie de viñedo existente. En esta ocasión, el ministerio fijó en 4.447 las hectáreas a repartir entre todo el país, lo que supone el 0,5 % de la superficie existente. Los interesados dispusieron hasta finales del mes de febrero para reunir y presentar toda la documentación requerida. En base a ella, el ministerio decide qué superficie le corresponde a cada uno. En este caso, a Galicia se le han concedido 48 hectáreas de las 50 que había solicitado el sector. 

¿Qué problemas hubo en años anteriores?

En las primeras convocatorias de estas autorizaciones, desde Madrid se optó por el café para todos, esto es, repartió el número de hectáreas que le había concedido a cada comunidad entre todas las personas que así lo habían solicitado. Esto supuso un problema para los viticultores, que solo recibieron el 30 % de lo que habían pedido. Alguien que quisiera plantar mil metros cuadrados de albariño se vio con que, de repente, solo tenía permiso para 300 metros. Así que se estableció un baremo para priorizar las solicitudes y hacer un reparto más justo.

¿Qué se prioriza a la hora de repartir las autorizaciones?

Tampoco este sistema fue beneficioso para la comunidad gallega. El ministerio optó por priorizar las solicitudes de jóvenes agricultores que, además, tuvieran poca superficie de viñedo. Una plantación pequeña era aquella que tuviera entre media y una hectárea. Solo en Rías Baixas hay 3.800 profesionales de la viticultura cuyas plantaciones son inferiores, con lo que quedaban fuera de ese criterio. En cuanto a lo de joven agricultor, el problema estaba en que era preciso demostrar una actividad durante cinco años, que puede compensarse con horas de formación. Pero en Galicia «a oferta formativa é moi pequena e é imposible cumprir con ese criterio», asegura Julio Reboredo.

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