Atendiendo a los informes de los servicios técnicos, el gobierno local propondrá hoy en la comisión de Facenda -y el viernes en el pleno- la desestimación de las tres alegaciones que recibió el proyecto de presupuesto municipal. Era previsible que ninguna de las alegaciones prosperaría.
La de la Asociación Animalista Libera, porque proponía modificar partidas para destinar 50.000 euros a crear zonas para animales y a campañas de sensibilización, y eso no se ajusta a los supuestos por los que se puede alegar contra un presupuesto. A saber: se puede alegar por errores en la tramitación, porque no haya fondos para hacer frente a las previsiones, o porque exista desfase entre el balance de gastos y el de ingresos.
La alegación que planteaba la sección sindical de Comisiones Obreras también se rechazará porque ni hubo «falta de transparencia» en la tramitación, ya que la memoria y los informes se colgaron en la web municipal; ni se puede decir, a juicio de los técnicos, que no hya habido negociación colectiva. La hubo, otra cosa es que el resultado no fuera el que deseaba el sindicato.
Por último, había una alegación formulada por el grupo municipal del PP. Su proponente, el concejal Rafael Domínguez, ya anticipó la semana pasada que tenía «escasas esperanzas» de que prosperara. Lo clavó. No ya por el contenido en sí de la alegación -que también, como subraya el secretario municipal en su informe-, sino porque el grupo municipal no está legitimado, o eso argumenta el técnico, para plantear alegaciones a un proceso en el que ya ha participado. Dice el secretario del pleno que existe suficiente jurisprudencia para avalar la inadmisión de la alegación planteada por el PP.
¿Qué sucederá ahora? El pleno tiene que ratificar la desestimación de las alegaciones. Los contundentes informes técnicos deberían bastar para decantar los votos, pero con esta corporación nunca que sabe.
De ser así, el presupuesto quedará aprobado definitivamente y entrará en vigor. En ese caso, el PP no descarta acudir al juzgado. Domínguez ya lo anticipó en uno de los dos plenos en los que se incluyó el debate, y lo ratificó la semana pasada: «Entendemos que se produjo una vulneración de las normas, y yo no me planteo quedarme aquí. No descarto acudir al contencioso-administrativo o al TSXG».
El principal grupo de la oposición se prepara por tanto, para judicializar de nuevo la vida política municipal. Un camino que en los últimos tiempos no le ha ido demasiado bien al PP. Naturgalia o Elsamex fueron derrotas sonoras. Y la de los salarios fue una victoria pírrica, prácticamente sin efecto alguno. A ver qué sucede ahora.